En nuestro bufete contamos con un equipo de letrados con una amplia formación en la legalidad y la administración de comunidades de propietarios que os ofrecerán ayuda para facilitar el gobierno de la comunidad para cuidar el edificio a través de decisiones adecuadas para el correcto mantenimiento y la severa gestión económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, datos, seguridad y transparencia.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean necesarias ante las entidades públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la presentación de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de las cuentas de la comunidad de vecinos, las instancias ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocos casos las comunidades de vecinos deben comunicarse con las administraciones públicas: como es el caso de cursar subvenciones, ejecutar arreglos de fachadas, sufragar posibles sanciones, tramitar reclamaciones, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de 10 años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida diaria de una comunidad de vecinos puede dar lugar a un buen número conflictos provocados, muchas veces, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por el desconocimiento de la normativa legal y, en otros casos, por las discordias ocasionadas por la falta de seguridad en los organismos de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas suele ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que prácticamente a diario se pillan fraudes y malos hábitos en la gestión de los fondos de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los vecinos tengan que abonar un sobrecoste por los mismos servicios. Por este motivo, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más frecuente de lo que piensas.
Gracias al uso de los medios tecnológicos, podemos conseguir una adecuada comunicación entre el presidente, los demás vecinos, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un examen la contabilidad de la comunidad de vecinos para evaluar la conciliación bancaria y gestionar las posibles incidencias que puedan producirse para disminuir los márgenes de equivocación y el tiempo de respuesta.
Las comunidades de propietarios que únicamente desempeñen actividades propias de su naturaleza, no están obligadas llevar la contabilidad ni enunciar cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el organismo correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, continuará el mecanismo que juzgue más adecuado para reflejar su condición financiera.
Por este motivo, si se quisiera llevar a cabo un examen de las cuentas de la comunidad de propietarios, no es preciso que esta inspección sea efectuada expresamente por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que cuente con los conocimientos y la capacidad adecuados en el ámbito del funcionamiento de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. No obstante, el estudio creado no podrá identificarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá producir confusión respecto a que se refiere a una labor de repaso y no de auditoría como tal.
Cualquier vecino puede pedir una auditoría de las cuentas, pero tendrá que acordarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los propietarios aprueban la elaboración del documento, se llevará a cabo y deberá ser costeado por toda la comunidad de propietarios. En caso de que se encuentren irregularidades, se puede demandar al gestor de la finca o quién lleve a cabo sus funciones.
En este sentido, el trabajo de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda resultar positivo para la comunidad y para tramitar las tareas que sean precisas en las distintas instituciones públicas. Pero además te procuramos orientación legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las actualizaciones normativas que puedan surgir, asesoramiento y apreciación de la concerniente a procesos judiciales, la composición y revisión de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la protección de la comunidad de propietarios.
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¿Qué es la Escritura de División Horizontal? Cuando compramos una vivienda, nos encontramos con muchos conceptos que puede que no hayamos oído nunca y con los que es fundamental que nos vayamos familiarizando antes de firmar ningún documento. Por ejemplo, ¿Qué es la Escritura de División Horizontal? ¿Qué trámites debemos realizar para obtenerla? ¿Cuáles son los gastos que conlleva?
Nuestro cliente, una mercantil, había suscrito un contrato de arrendamiento sobre un local propiedad de otra empresa. La propietaria del local, incluso de manera previa a la formalización del contrato, autorizó a nuestra representada para la realización de las obras que se estimasen oportunas, para lograr la adaptación del mismo a la actividad que pretendía desarrollar. Sin embargo, una vez iniciadas las referidas obras por parte de nuestra cliente, la Comunidad de Propietarios donde se encontraba situado el local instó la inmediata paralización de las mismas. Por este motivo, y debido a la imposibilidad de adaptar el local a las necesidades de nuestra representada, ambas partes de mutuo acuerdo suscribieron un documento acordando la resolución anticipada del contrato de arrendamiento, renunciando la arrendadora a exigir cualquier tipo de penalización. En el mismo momento en el que se formalizó el mencionado documento, nuestra mandante puso el local arrendado a disposición de su propietaria, quien verificó el estado de este. En virtud del referido documento, de la Ley de Arrendamientos Urbanos y del propio contrato de arrendamiento, la parte arrendadora debía restituir a nuestra representada el importe entregado por ésta en concepto de fianza; más concretamente, 9.600 euros. Sin embargo, la propietaria, alegando que la arrendataria no había respetado el plazo mínimo de una anualidad estipulado en el contrato, incumplió su obligación de restituir la precitada cantidad.
Según el art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, «es obligación del propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el titulo o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización«. Así pues, el […]
Instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios: La evolución social y de los derechos de las personas con discapacidad implica que deben respetarse sus libertades y derechos básicos potenciando los servicios y recursos disponibles para ayudar con sus capacidades al progreso de la sociedad. Con este fin, hace algunos años se adoptaron medidas […]
