Fondos buitre

Características de nuestra asesoría legal y jurídica en fondos buitre

En algunas ocasiones los bancos venden paquetes de hipotecas y préstamos a los llamados «fondos buitre», cuya actividad consiste en comprar o en invertir la deuda de una entidad que se considera complicada de recuperar. Lo cual sucede cuando los deudores no pueden afrontar el pago de las cuotas.

En estos casos, los bancos entienden que la opción más viable para recuperar el dinero que prestaron es que un tercero satisfaga al menos una parte de la deuda. Con lo cual, el deudor pasa a responder ante el fondo buitre en lugar de ante la entidad bancaria con la que inicialmente contrató el préstamo. Una práctica que es completamente legal y bastante habitual en España, especialmente desde que comenzó la crisis.

La cuestión es que el artículo 1535 del Código Civil establece lo siguiente: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago”.

Esto significa que si un banco vende a un fondo buitre un préstamo que está siendo objeto de un proceso judicial, el deudor debe ser informado del derecho que tiene de comprarlo por el precio que el fondo buitre pagó a la entidad, incluso cuando es mucho menor de lo que le faltaba por pagar. En este caso, el banco tiene la obligación de notificar al deudor el precio por que se ha transmitido la deuda. Es lo que se conoce como «derecho de tanteo».

La cuestión es que el banco no siempre notifica al deudor el traspaso de la deuda al fondo buitre, actuando en contra al derecho, ya que el consumidor, en este caso deudor hipotecario, debe ser informado de manera fehaciente, clara y comprensible de las circunstancias que envuelven su crédito hipotecario. De modo que pueda valorar con conocimiento real de causa si quiere ejercitar el retracto y qué aspectos debe tener en cuenta para ello. Así pues, es posible realizar una reclamación judicial contra el mismo para hacer valer nuestros derechos.

Aunque la falta de notificación por parte del banco de la venta de un préstamo a un fondo buitre no supone la invalidez de la operación, pero la entidad si será responsable de los prejuicios que pueda sufrir el cesionario como consecuencia de dicha omisión de información, tal como se establece en el art. 149 y ss de la Ley Hipotecaria.
Con la renuncia que en muchos supuestos las entidades bancarias incluyen en los contratos suscritos con sus clientes se está limitando los derechos del consumidor. El artículo 86.7 de la LGDCU establece que: “… serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que prevean […] La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario”.

Por todo ello la inserción de dicha cláusula en los contratos bancarios es susceptible de ser demandada ante los Tribunales, solicitando la nulidad de la misma, ya que impide su derecho de tanteo. En este caso, la indemnización que podría solicitar el deudor sería todo aquello que excediera de lo pagado por el comprador o cesionario del crédito, terceros o los llamados “fondos buitre”.