La instalación de cámaras de vídeovigilancia en una comunidad de propietarios requiere de una serie de consideraciones y del cumplimiento con la legislación vigente. Por eso, suele ser una de las cuestiones más frecuentes que llegan a los despachos de los abogados especializados en la Ley de Propiedad Horizontal. Según la Agencia Española de Protección de Datos, para la instalación de cámaras en este tipo de espacios, éstas deben ser útiles para el fin deseado, la metodología debe ser más moderada y menos invasiva y la medida de la instalación debe aportar más beneficios que inconvenientes a la comunidad.
Una vez que estamos seguros de que se cumple con ello, la instalación y la autorización debe ser llevada a cabo por una empresa de seguridad homologada por el Ministerio de Interior y cumplir con el Reglamento de Seguridad privada, quedando registrada la instalación en la Jefatura del Instalación Privada. Además, para ello, es imprescindible contar con el voto a favor de las 3/5 partes de la totalidad de las cuotas de participación de los propietarios.
Por eso, si necesitas asesoría legal y jurídica para las cámaras de videovigilancia en zonas comunes de comunidades de propietarios, no dudes en ponerte en contacto con Vecindia. Contamos con un magnífico equipo de abogados expertos en todos los asuntos relacionados con las comunidades de vecinos y con la Ley de Propiedad Horizontal. Resolveremos todas las dudas que puedan surgir al respecto y os ofreceremos defensa legal en el caso de que sea necesario. De manera que podáis estar completamente tranquilos de que la instalación cumple con la legalidad y de que nos os veréis expuestos a graves sanciones por su incumplimiento.
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No obstante, si las cámaras de vídeovigilancia son un complemento al servicio del conserje, por ejemplo, será suficiente con una mayoría simple. Y, cuando se trate de vigilancia en piscinas de comunidades de propietarios, ni siquiera será necesario el permiso de los usuarios siempre que su finalidad sea la seguridad y no atente contra la privacidad de los mismos.
Aunque lo normal es que la instalación de cámaras de videovigilancia en las zonas comunes de una comunidad de propietarios se haga para controlar los accesos al edificio y disuadir de la realización de actos vandálicos y conductas incívicas, ya sea por parte de personas ajenas a la comunidad como de los propios vecinos que residen en el inmueble.
En cualquier caso, en todos los casos se deberán cumplir las normas de la Agencia Española de Protección de Datos, que es muy estricta con estos temas. De lo contrario, las multas pueden oscilar entre los 900 y los 600.000 euros en función de si se trata de una infracción leve, grave o muy grave. Las cámaras deben estar en un lugar protegido, las grabaciones deben hacerse en modo local y nunca vía Internet, se requerirá de una contraseña para acceder a las mismas y solamente podrá hacerlo la persona autorizada y no se podrán almacenar imágenes de más de 30 días a menos que haya que aportar la imagen como prueba de un delito.
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