Certificado energético en comunidades de propietarios: desde el 3 de junio de 2021, con el Real Decreto 390/2021, algunas cuestiones relacionadas con el certificado de eficiencia energética de los edificios experimentaron ciertos cambios. La regulación básica no ha sufrido grandes modificaciones pero sí hace hincapié en la actualización del contenido, el aumento de su calidad y la obligación para las agencias inmobiliarias de mostrar este certificado cuando venden o alquilan una casa.
El objetivo de esta nueva ley es la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Por este motivo, el certificado incluye algunas recomendaciones sobre medidas que podemos implementar para optimizar la eficiencia energética de una propiedad específica. Pero también busca tener un impacto económico: incitar al propietario a tomar medidas de mejora de la eficiencia a la hora de vender o alquilar el inmueble.
Cada inmueble necesita reunir unas condiciones mínimas de eficiencia energética que deben ser establecidos en el momento de su construcción por el promotor y el constructor. El responsable de solicitar el certificado y conservarlos es el propietario del edificio o de parte del mismo.
Pero este certificado también es necesario cuando se vaya a realizar cualquier oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o parte del mismo. En la compraventa, dicho documento debidamente registrado debe incluirse junto al contrato. Del mismo modo que en los contratos de alquiler.
Además, cualquier particular o empresa que publique o permita la publicación de información sobre el alquiler o la venta de un edificio o parte del mismo, debe incluir la información relacionada con la calificación de eficiencia energética, tomando en consideración lo establecido en el documento que corresponda.
El Real decreto recoge dos supuestos en los que podemos ser sancionados por incumplir con las condiciones establecidas. Algunas de las conductas que pueden llevarnos a ello son las siguientes:
Según la gravedad del incumplimiento, las sanciones pueden ir desde los 300 a los 6.000 euros. Pero además, el Real Decreto alude a posibles sanciones relacionadas con la normativa de protección al consumidor, esto es, cuando haya una vinculación entre el consumidor y el empresario. Por ejemplo, pueden ser sancionadas conductas como “El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios” (art. 49 del TRLGDCU). En estos casos, las sanciones son más elevadas, siendo el mínimo de 3.005,06 euros para infracciones leves.
El Real Decreto no especifica que las comunidades de propietarios tengan ninguna obligación de solicitar un certificado de eficiencia energética conjunto del edificio, ya que no son lugares que sean frecuentados habitualmente por el público. Aunque puede que, desde una perspectiva económica, sí sea recomendable hacerlo, pues el coste de expedir un certificado colectivo por un edificio completo es menor que el de hacer uno individual por cada vivienda.
No obstante, hay que evaluar las consecuencias negativas que puede conllevar. Y es que en aquellos casos en los que exista una gran desigualdad entre la eficiencia energética de unas viviendas y otras, aquellos que hayan hecho mejoras podrían verse perjudicados por la calificación global del edificio al incluir a viviendas o locales no tan eficientes.
Un certificado colectivo da información sobre todo el edificio, pero no sobre una vivienda en concreto, por lo que si queremos vender o alquilar, estaremos dando una información errónea sobre la vivienda a los potenciales compradores.
A lo que hay que añadir que puede haber vecinos que ya cuenten con su propio certificado y podrían no estar de acuerdo con tener que hacer este gasto si realmente no es necesario. Y, por supuesto, siempre es más fácil realizar obras de forma individual que tomar decisiones para hacerlas en todo el edificio.
Eso sí, hay que destacar que es obligatorio tenerlo cuando se va a solicitar una subvención dirigida a la rehabilitación del edificio, por lo que aquellas comunidades que quieran pedir ayudas públicas para la ejecución de obras de rehabilitación o mantenimiento del edificio, deberán contar con un informe de valoración donde se incluya el certificado de eficiencia energética.
Para obtener el certificado, debe contratarse a un técnico cualificado para ello, que tiene que ajustarse al procedimiento legal establecido por el Real Decreto. No es necesario que se trate de un arquitecto o ingeniero superior.
Una vez que tengamos el certificado, tendremos que presentarlo en el registro de la comunidad autónoma en la que se ubique el inmueble. Si se encarga el procedimiento a un técnico, asegúrate de que completa este trámite, ya que la responsabilidad final es del propietario y existen comprobaciones e inspecciones públicas que pueden acarrear graves sanciones por incumplimiento.
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