El contrato de compraventa de un inmueble es el documento en el que el propietario de un inmueble queda obligado a transmitírselo al comprador a cambio de un precio fijado. Un acuerdo jurídico bilateral y consensuado donde se requieren las voluntades de las dos partes para que pueda tener lugar la operación y la transmisión del inmueble. Dicho contrato puede ser elevado a escritura pública, (tal como se establece en el art. 1280 del Código Civil) e identificar el bien en cuestión, el número de finca y el Registro en el que está inscrito. Pero también es recomendable incluir otros datos para facilitar su identificación, como la referencia catastral o la descripción que aparece en el Registro. Y si el inmueble incluye parking o trastero, por ejemplo, lo mejor es dejar constancia de dicha circunstancia.
Vender o comprar una vivienda puede conllevar muchos más problemas de los previstos. Aunque suene muy negativo, la verdad es que muchos de ellos pueden evitarse. Por eso, es recomendable contratar los servicios de un abogado para recibir asesoramiento a lo largo de todo el proceso de compraventa de una vivienda. Ciertamente, contratar este tipo de servicios implica un gasto, pero también te será muy útil para evitar muchos imprevistos y poder reaccionar mejor a ellos.
A continuación, te damos algunas razones por las que deberías contratar un abogado para la creación y gestión de contratos de compraventa:
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El contrato de compraventa es un acuerdo privado donde se recogen los derechos y obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Está compuesto por diferentes cláusulas, con fuerza vinculante para ambas partes. Deben incluirse los datos tanto del vendedor como del comprador, la verificación del título de la propiedad, los detalles del inmueble, el coste de la venta, la fecha de entrega, los impuestos y pagos y las penalizaciones, así como todos aquellos datos cuya inclusión pueda resultar relevante.
Principales puntos: el contrato tiene que incluir una descripción detallada de la vivienda y sus anexos, sus metros útiles, su ubicación geográfica e información sobre las zonas comunitarias. Además, deben reflejarse los datos registrales de la vivienda y las posibles cargas que la pueden gravar, y el estado de los pagos de impuestos y otros gastos.
Precio y reparto de gastos: también tendrán que recogerse todas las condiciones de la compraventa, como el precio del inmueble y la forma de pago, a quién corresponde cada gasto de la transmisión o el momento de entrega de las llaves. Así como el plazo para conceder la escritura pública, los requisitos de subrogación de hipoteca si la hubiera y las penalizaciones que se aplicarían si el contrato se incumple.
Escritura pública: en ella se incluye la última comprobación de la situación registral de la finca que realiza el Notario así como la comprobación de las cargas que hay sobre el inmueble. Además del justificante de pago del IBI, las obligaciones fiscales derivadas de la compraventa, la sujeción a las disposiciones legales y obligaciones fiscales y el reparto de gastos de la operación.
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En los últimos años, el mercado inmobiliario español ha cambiado a gran velocidad y, aunque antes de la pandemia convertir un local en vivienda era una solución de habitabilidad ocasional, actualmente se ha convertido en un negocio cada vez más frecuente. En gran medida debido a la gran cantidad de locales comerciales que se encuentran disponibles.
En virtud de la reciente sentencia de 26 de mayo de 2021, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, se reconoce el derecho de las empresas, aun no teniendo el carácter de consumidor, a reclamar la nulidad de aquella cláusula incluida en el contrato que no supere el control de incorporación. El representante legal de la entidad mercantil, aun asumiendo que no ostenta dicho carácter de consumidor, entiende que no se ha superado el control de incorporación de la cláusula al verse vulneradas ciertas condiciones sobre el cumplimiento de los contratos. En las escrituras de compraventa y subrogación no aparecían las condiciones del préstamo, tan solo se citaba de forma genérica que la parte adquirente conocía perfectamente lo establecido en dicha escritura. Tampoco se le facilitó a la entidad mercantil copia de la escritura de préstamo promotor, ni se le entregó oferta vinculante alguna.
¿Qué se especifica en la Ley de Arrendamientos Urbanos? La Ley de Arrendamientos Urbanos es la normativa por la que se rigen los contratos de alquiler. La cuestión es que se trata de un marco legal fundamentalmente dispositivo, lo que quiere decir que solamente se aplica cuando no se especifica nada al respecto en el contrato firmado entre el arrendador y el arrendatario. Por este motivo, a la hora de preparar el contrato de alquiler, es esencial contar con la ayuda de un abogado especializado en derecho de arrendamientos.
