Las personas que necesitan estas adaptaciones o su familia son las que normalmente solicitan el cambio arquitectónico. Se debe hacer llegar un escrito al presidente de la comunidad para que se incluya en la siguiente junta de propietarios y, si es necesario, se realice la votación para que las obras sean ejecutadas. En el caso de que sea necesaria la votación, si la decisiones favorable a las obras, ningún vecino podrá negarse a pagarlas, ni siquiera los que hayan votado en contra. Si no se consigue una mayoría, será el juez competente el que se pronunciará en un plazo de 20 días.
El problema real viene cuando la junta de propietarios rechaza la propuesta de las obras de accesibilidad. En estos casos, se puede acudir directamente a los tribunales, pero esto puede causar tensiones y mal ambiente en la convivencia, por lo que es preferible intentar impugnar el acuerdo, solicitando al juez que anule la decisión y que declare obligatoria la realización de las obras. Si esta respuesta no satisface las necesidades de los interesados, habrá que interponer una demanda civil en los tribunales, ya que la comunidad de propietarios nunca debería negarse a hacer este tipo de adaptaciones si un vecino con problemas de movilidad reducida lo solicita.
Pero también puede ocurrir que las obras se aprueben pero que tarden en ponerse en marcha. Y es que la normativa legal carece de soporte que establezca los tiempos de ejecución de este tipo de acuerdos, por lo que dependerá de la buena voluntad de los vecinos. Entonces, la opción es acudir a un juez o denunciar la situación ante el Servicio de Urbanismo Municipal o ante la Consejería de Urbanismo de la comunidad autónoma en la que se resida.
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En diciembre de 2017 finalizaba el plazo que el gobierno había dado cuatro años antes para que los edificios españoles suprimieran las barreras arquitectónicas. Ajustes razonables que se basan en la instalaciones de rampas para minusválidos, salvaescaleras, ascensores y dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad en las zonas comunes. Sin embargo, a día de hoy, el 77% de los edificios españoles no ha realizado las obras necesarias, por lo que solamente un 23% son accesibles. Y de este porcentaje, solamente el 2% cuenta con un acceso desde la calle al portal que cumpla con los criterios de accesibilidad universal.
Además de las trabas que impone la ley muchas veces relacionadas con los acuerdos de la falta de recursos económicos, la alta morosidad, la falta de espacio en edificios antiguos y la tardanza en la concesión de las licencias agravan el problema. Esto último además compromete la obtención de subvenciones, por lo que la mayor parte de las comunidades de propietarios han tenido que hacer las obras con medios propios.
Las comunidades de propietarios que han dejado atrás las barreras se han decantado sobre todo por soluciones más económicas, como la instalación de rampas para minusválidos de acceso al edificio y a otras zonas comunes. Y, en menor medida, por la instalación de ascensores, elevadores verticales o plataformas elevadoras. Y es que no es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de 2 a 8 metros, que cuesta entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor, que cuenta entre 10.000 y 140.000 euros. Las plataformas cuestan entre 10.000 y 12.000 euros. Y los elevadores entre 15.000 y 20.000 euros.
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