En nuestro bufete contamos con un equipo de profesionales con una amplia formación en el derecho y la gestión de comunidades de vecinos que os ayudarán a facilitar la dirección de la comunidad para preservar el edificio a través de las medidas oportunas para el apropiado sostenimiento y la severa gestión financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, información, seguridad y transparencia.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean necesarias ante los organismos públicos, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la cumplimentación de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de vecinos, las solicitudes ante el ayuntamiento correspondiente y la solicitud de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios tienen que comunicarse con las administraciones públicas: como es el caso de solicitar subvenciones, ejecutar arreglos de fachadas, costear posibles sanciones, tramitar demandas, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de 10 años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El día a día de una comunidad de propietarios puede producir numerosos enfrentamientos provocados, en algunos casos, por la falta de acuerdo entre los vecinos y por la incomprensión de la LPH y, en otros casos, por las disconformidades generadas por la falta de seguridad en las entidades de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas suele ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que casi todos los días se descubren trampas y malas prácticas en la gestión de la contabilidad de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los vecinos tengan que afrontar un sobrecoste por los mismos trabajos. Por eso, las auditorías de las comunidades de vecinos son un mecanismo más habitual de lo que imaginas.
Gracias a la utilización de los medios tecnológicos, podemos lograr una correcta comunicación entre el presidente, el resto de propietarios, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un estudio la eocnomía de la comunidad de vecinos para comprobar la conciliación bancaria y gestionar las posibles incidencias que puedan generarse para reducir los márgenes de equivocación y el tiempo de respuesta.
Las comunidades de propietarios que solamente realicen actividades propias de su naturaleza, no están obligadas llevar la contabilidad ni enunciar cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el mecanismo que juzgue más oportuno para plasmar su condición financiera.
Debido a ello, si se quisiera efectuar una auditoría de las cuentas de la comunidad de vecinos, no es necesario que esta revisión sea realizada obligatoriamente por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que disponga de los conocimientos y la experiencia adecuados en el ámbito la estructura de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. No obstante, el análisis creado no podrá identificarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá producir error respecto a que se trata de una labor de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier persona puede pedir una auditoría de las cuentas, pero tendrá que aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más del 50% de las cuotas de los propietarios votan favorablemente la confección del informe, se preparará y deberá ser pagado por al totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se descubran anomalías, se podría demandar al administrador de la finca o quién realice sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros letrados está siempre a disposición de cualquier beneficio que pueda ser favorable para la comunidad y para llevar a cabo las gestiones que sean precisas en las diferentes entidades públicas. Pero también te procuramos asesoría legal para todas aquellas polémicas que tengan que ver con las comunidades de propietarios y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las novedades de la ley que puedan publicarse, asesoramiento y análisis de la concerniente a procesos judiciales, la composición y inspección de documentos legales y denuncias extrajudiciales para la protección de la comunidad de vecinos.
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Me han vendido una casa sin cédula de habitabilidad: Que una vivienda esté habitada no quiere decir que cumpla con la legislación de habitabilidad. Los ayuntamientos de las distintas localidades españolas establecen un criterio de control fiable para garantizar que las viviendas cumplen con una serie de requisitos reales para asegurar que pueden ser habitadas por personas en condiciones de seguridad, higiene y salubridad.
Tal como se establece en el art. 9.1.e de La Ley de Propiedad Horizontal “es obligación del propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptible de individualización”.
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La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un negocio muy sencillo y muy lucrativo para muchas mafias, por lo que la cantidad de usurpaciones no ha dejado de crecer en los últimos años. Solamente en el año 2017 se produjeron más de 10.000 ocupaciones ilegales denunciadas e investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, siendo Madrid y Cataluña las comunidades más castigadas. Actualmente, se calcula que en España hay alrededor de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente.
