En nuestro bufete contamos con un equipo de profesionales con una elevada formación en el derecho y la gestión de comunidades de propietarios que os ofrecerán ayuda para facilitar el gobierno de la comunidad para conservar el edificio mediante las medidas oportunas para el apropiado mantenimiento y la precisa administración financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, información, protección y claridad.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean necesarias ante las administraciones públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la cumplimentación de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de los fondos de la comunidad de vecinos, las demandas ante el ayuntamiento correspondiente y la petición de los permisos necesarios. Y es que no en pocos casos las comunidades de vecinos deben interactuar con las administraciones públicas: como es el caso de cursar subvenciones, llevar a cabo arreglos de fachadas, costear posibles multas, presentar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de letrados con más de diez años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de vecinos puede crear un buen número conflictos provocados, muchas veces, por la falta de acuerdo entre los vecinos y por la incomprensión de la la legalidad vigente y, en otros casos, por las discrepancias que se producen por la falta de confianza en las instituciones de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas suele ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que casi todos los días se desenmascaran engaños y malas prácticas en la administración de las finanzas de la comunidad por parte de dichos gestores que hacen que los propietarios tengan que afrontar un sobrecoste por los mismos trabajos. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de vecinos son un mecanismo más frecuente de lo que imaginas.
Gracias a la utilización de instrumentos digitales, podemos conseguir una adecuada comunicación entre el presidente, los demás propietarios, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un estudio la contabilidad de la comunidad de propietarios para verificar la conciliación bancaria y administrar las posibles incidencias que puedan surgir para minimizar los márgenes de error y el tiempo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que únicamente lleven a cabo funciones propias de su naturaleza, no tienen por qué llevar la contabilidad ni formular cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el organismo pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el criterio que considere más conveniente para plasmar su situación financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera efectuar una auditoría de los fondos de la comunidad de propietarios, no es preciso que dicha inspección sea realizada de forma expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que posea los conocimientos y la capacidad adecuados en el terreno del funcionamiento de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. Eso sí, el estudio emitido no podrá denominarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá producir confusión respecto a que se refiere a una labor de comprobación y no de auditoría como tal.
Cualquier propietario puede pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más de la mitad de las cuotas de los propietarios aprueban la confección del documento, se llevará a cabo y será costeado por toda la comunidad de vecinos. En caso de que se dectecten irregularidades, se podría querellar al gestor de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda resultar positivo para la comunidad y para poner en marcha las gestiones que sean necesarias en las diferentes administraciones públicas. Pero también te procuramos orientación legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las novedades normativas que puedan surgir, orientación y apreciación de la relacionada con procedimientos jurídicos, la elaboración y inspección de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la defensa de la comunidad de vecinos.
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¿Qué es coeficiente de propiedad horizontal? Por definición el coeficiente de propiedad se refiere sólo y exclusivamente a la superficie útil de cada parcela separada, es decir, se corresponde con el porcentaje de la propiedad privada inscrita en el registro de la propiedad respecto del conjunto del edificio. La suma de estos coeficientes debe resultar siempre el 100%.
El demandante argumenta que el acuerdo en cuestión le obliga a pagar cantidades que no debería cubrir, puesta la derrama que ha acordado su comunidad sirve para pagarle al propio propietario una indemnización por lucro cesante por unas obras comunitarias que afectaron a la vivienda y le obligaron a no poder alquilar la vivienda por mas de un año, a pesar de eso la comunidad incluye una derrama para pagar el lucro cesante e incluye al propietario a que va a cobrar el lucro cesante en el reparto.
Muchas veces, los propietarios de la comunidad desconocen cuáles son los incumplimientos que pueden permitir el cese del administrador de fincas. Las obligaciones de este profesional vienen recogidas en el código deontológico del Colegio de Administradores de Fincas, pero lo cierto es que la pérdida de confianza en base a los compromisos que el profesional adquiere al firmar el contrato de la comunidad ya es motivo suficiente para pedir la dimisión del administrador de fincas.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas determina que aquellas comunidades de propietarios que no lleven a cabo otras funciones más allá de las propias de su naturaleza no están obligadas a llevar la contabilidad ni a formular cuentas anuales a efectos mercantiles. No obstante, aunque no haya obligación de llevar una contabilidad formal, sí que se deben rendir cuentas ante todos los propietarios, siendo el gestor o el presidente el que se encarga de ello.
