En Vecindia contamos con un equipo de letrados con una amplia formación en la legalidad y la gestión de comunidades de vecinos que os ayudarán a simplificar el gobierno de la comunidad para proteger el edificio mediante las medidas oportunas para el apropiado mantenimiento y la precisa administración económica, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, datos, protección y claridad.
Además, tramitamos las gestiones que sean precisas ante las instituciones públicas, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la cumplimentación de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de los fondos de la comunidad de vecinos, las demandas ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios tienen que interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de cursar subvenciones, ejecutar reparaciones de fachadas, costear posibles sanciones, presentar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de expertos con más de 10 años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida diaria de una comunidad de propietarios puede crear diversos conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de entendimiento entre los vecinos y por la incomprensión de la normativa legal y, en algunos casos, por las discrepancias ocasionadas por la falta de seguridad en las entidades de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que casi a diario se pillan engaños y malas praxis en la administración de la contabilidad de la comunidad por parte de dichos administradores que hacen que los propietarios deban hacer frente un sobrecoste por los mismos trabajos. Por eso, las auditorías de las comunidades de propietarios son un proceso más frecuente de lo que imaginas.
Gracias al uso de instrumentos digitales, podemos conseguir una adecuada comunicación entre el presidente, los demás propietarios, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un estudio las finanzas de la comunidad de vecinos para verificar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan generarse para reducir los márgenes de equivocación y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de propietarios que solamente desarrollen actividades propias de su condición, no están obligadas controlar la contabilidad ni enunciar cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el organismo correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, continuará el método que juzgue más oportuno para plasmar su situación financiera.
Debido a ello, si se quisiera hacer un examen de la contabilidad de la comunidad de vecinos, no es necesario que dicha revisión sea realizada expresamente por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que disponga de la formación y la destreza adecuados en el ámbito de al marcha de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. No obstante, el estudio creado no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá crear error respecto a que se refiere a una labor de repaso y no de auditoría como tal.
Cualquier persona está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de propietarios. Si más del 50% de las cuotas de los vecinos votan favorablemente la elaboración del documento, se llevará a cabo y deberá ser abonado por toda la comunidad de propietarios. En caso de que se descubran anomalías, es posible querellar al administrador de la finca o quién lleve a cabo sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros abogados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda resultar positivo para la comunidad y para tramitar las tareas que sean precisas en las distintas organizaciones públicas. Pero además te brindamos orientación legal para todas aquellas disputas relacionadas con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las novedades de la ley que puedan surgir, asesoramiento y valoración de la relacionada con procesos jurídicos, la elaboración y revisión de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la defensa de la comunidad de propietarios.
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Vicios ocultos en viviendas de segunda mano: ¿Qué son y cuánto cuesta reclamar? Puede que te suene el siguiente caso: al poco de comprar una vivienda nueva de segunda mano, se descubren defectos graves, que al momento de comprarla no se habían visto. En una situación así, puede que estemos ante un vicio oculto, y se pueda reclamar al anterior propietario una reclamación.
¿Qué dice la sentencia del IRPH de la UE? El índice IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es la media simple de los tipos de interés medios ponderados de las transacciones de préstamo con garantía hipotecaria para la compra de vivienda libre en el plazo igual o superior a los tres años. En la actualidad, existen en España alrededor de un millón de afectados a los que se les incluyó dicho índice en sus hipotecas bajo la justificación engañosa de que se trataba de indicador menos volátil y más estable que el Euribor, pero la realidad es que terminaron pagando más que si se hubiera usado el Euribor como índice de referencia.
Una de las principales obligaciones legales de los propietarios de viviendas que forman parte de una comunidad de vecinos es la contribución en función de su participación en la misma con el objetivo de sufragar los gastos generales para el adecuado mantenimiento del edificio y de las zonas comunes. Gastos que pueden tener la consideración […]
El contrato de arras es un acuerdo jurídico de carácter privado en el que se acuerda entregar una cantidad de dinero en concepto de señal para reservar el derecho de compraventa de un inmueble entre vendedor y comprador. No existe ninguna cantidad estipulada en el Código Civil de manera oficial, sino que el porcentaje de la señal del contrato de arras será el que acuerden ambas partes. Eso sí, lo normal es que ronde entre el 5% y el 15% del precio total de la venta. Cantidad que debe pagarse en el momento de la firma como garantía, asegurándose así la identidad del destinatario final en todos los pagos realizados ante el propietario o vendedor. Por su puesto, lo que se pague como señal se descontará del precio total de la compra a la hora de formalizar el contrato de compraventa. Por eso, es importante que esta información queda reflejada en el contrato de arras.
