En Vecindia contamos con un equipo de expertos en leyes con una gran formación en la legalidad y la gestión de comunidades de propietarios que os ofrecerán ayuda para simplificar la dirección de la comunidad para cuidar el edificio a través de las medidas adecuadas para el apropiado sostenimiento y la estricta administración económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, información, seguridad y claridad.
Además, tramitamos las tareas que sean necesarias ante las instituciones públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la cumplimentación de los modelos trimestrales en la Agencia Tributaria de los fondos de la comunidad de propietarios, las peticiones ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de las licencias requeridas. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios tienen que interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de tramitar ayudas del Gobierno, hacer arreglos de fachadas, sufragar posibles multas, tramitar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de letrados con más de diez años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El día a día de una comunidad de propietarios puede producir diversos enfrentamientos provocados, algunas veces, por la falta de entendimiento entre los vecinos y por la incomprensión de la LPH y, en otros casos, por las desavenencias que se producen por la falta de seguridad en las entidades de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas suele ser un sector oscuro y poco claro, por lo que casi todos los días se destapan trampas y malas costumbres en la administración de las cuentas de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los vecinos deban abonar un sobrecoste por los mismos trabajos. Por eso, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más frecuente de lo que piensas.
Gracias a la utilización de los medios tecnológicos, podemos lograr una adecuada comunicación entre el presidente, los demás vecinos, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a una auditoría las finanzas de la comunidad de vecinos para verificar la conciliación bancaria y administrar las posibles incidencias que puedan producirse para reducir los márgenes de equivocación y el intervalo de reacción.
Las comunidades de propietarios que únicamente realicen actividades propias de su naturaleza, no tienen por qué controlar la contabilidad ni formular cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el criterio que considere más oportuno para plasmar su situación financiera.
Por esta razón, si se quisiera llevar a cabo un examen de las finanzas de la comunidad de propietarios, no es preciso que esta revisión sea realizada de forma expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que posea la formación y la pericia adecuados en el ámbito de la articulación de las comunidades de vecinos, como puede ser un abogado. Eso sí, el análisis creado no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá dar lugar a error respecto a que se refiere a un trabajo de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier vecino puede pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más de la mitad de las cuotas de los vecinos votan favorablemente la elaboración del documento, se llevará a cabo y deberá ser pagado por al totalidad de la comunidad de vecinos. En caso de que se descubran irregularidades, se puede querellar al gestor de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros abogados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda resultar favorable para la comunidad y para realizar las gestiones que sean necesarias en las distintas instituciones públicas. Pero además te ofrecemos asesoría legal para todas aquellas polémicas relacionadas con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las actualizaciones de la ley que puedan surgir, asesoramiento y análisis de la concerniente a procesos jurídicos, la composición y revisión de documentos legales y denuncias extrajudiciales para la protección de la comunidad de propietarios.
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Condenado por incorporar espacio comunitario a vivienda. En el ámbito de las Comunidades de Propietarios, en concreto en lo que se refiere a los áticos y últimos pisos de los edificios, se puede dar el caso de que los propietarios de dichos inmuebles realicen modificaciones de espacios comunes y los anexionan a sus viviendas. En estos casos, debemos plantearnos si dichas obras son o no ajustadas a derecho y cómo actuar frente a ellas.
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La Junta general ordinaria de la comunidad debe celebrarse obligatoriamente una vez al año para aprobar los presupuesto del nuevo año. El resto de reuniones que se organicen tendrán carácter de extraordinarias y pueden convocarse para tratar otros temas que se consideren importantes para el mantenimiento del edificio o para el buen funcionamiento de la […]
El artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge todo lo relacionado con la impugnación de los acuerdos adoptados por la comunidad de vecinos reunidos en una Junta de Propietarios. Establece que pueden ser impugnados ante la autoridad judicial aquellos acuerdos que hayan sido aprobados pero que sean contrarios a la legislación vigente o a los Estatutos de la Comunidad, que perjudiquen gravemente a los intereses de la comunidad a favor de uno o varios vecinos o que supongan un grave perjuicio para algún propietario que no esté obligado a soportarlo.
