En nuestro despacho contamos con un equipo de letrados con una amplia formación en la legalidad y la administración de comunidades de propietarios que os ayudarán a facilitar el gobierno de la comunidad para cuidar la finca mediante las medidas adecuadas para el apropiado sostenimiento y la estricta gestión económica, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, datos, seguridad y transparencia.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean necesarias ante las instituciones públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la cumplimentación de los modelos trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de propietarios, las demandas ante el ayuntamiento que corresponda y la petición de las licencias necesarias. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de propietarios tienen que comunicarse con las administraciones públicas: como es el caso de cursar ayudas del Gobierno, llevar a cabo arreglos de fachadas, sufragar posibles sanciones, tramitar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de expertos con más de diez años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de vecinos puede producir numerosos enfrentamientos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los vecinos y por la incomprensión de la la legalidad vigente y, en algunos casos, por las disconformidades ocasionadas por la falta de seguridad en los órganos de gobierno y gestión de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector opaco y poco claro, por lo que casi a diario se pillan engaños y malas prácticas en la gestión de las finanzas de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los propietarios tengan que hacer frente un sobrecoste por los mismos trabajos. Por este motivo, las auditorías de las comunidades de propietarios son un proceso más frecuente de lo que piensas.
Gracias al uso de las herramientas tecnológicas, podemos lograr una adecuada comunicación entre el presidente, los demás propietarios, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un estudio las cuentas de la comunidad de vecinos para valorar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan producirse para minimizar los márgenes de error y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que únicamente realicen funciones propias de su condición, no están obligadas llevar las cuentas ni enunciar cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el administrador, seguirá el patrón que juzgue más conveniente para plasmar su condición financiera.
Por eso, si se quisiera llevar a cabo una auditoría de las finanzas de la comunidad de vecinos, no es preciso que esta revisión sea realizada de forma expresa por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que cuente con los conocimientos y la pericia adecuados en el ámbito de la articulación de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. Eso sí, el informe creado no podrá denominarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá crear error respecto a que se refiere a una labor de comprobación y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca puede pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los propietarios votan favorablemente la confección del informe, se preparará y será abonado por toda la comunidad de vecinos. En caso de que se encuentren irregularidades, se podría denunciar al gestor de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la firma de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda resultar favorable para la comunidad y para llevar a cabo las gestiones que sean precisas en las diferentes organizaciones públicas. Pero también te proporcionamos asesoría legal para todas aquellas polémicas relacionadas con las comunidades de propietarios y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, brindamos servicio de consultoría sobre las novedades de la ley que puedan publicarse, orientación y valoración de la concerniente a procesos judiciales, la redacción y inspección de escritos legales y requerimientos extrajudiciales para la protección de la comunidad de vecinos.
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Aunque según el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960 no obliga a la contratación de un Administrador de Fincas, lo cierto es que es muy recomendable tener a una persona ajena a la comunidad de propietarios que se ocupe de la gestión y de la administración de todas las tareas relacionadas con […]
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Una de las cuestiones que suelen ser fuente de cierta polémica o molestias en la vida diaria de las comunidades de propietarios es la ejecución de obras en el edificio, ya sean en elementos comunes o en elementos privativos. En los edificios que tienen cierto tiempo, suele ser necesario realizar obras en los elementos comunes […]
Real Decreto sobre cláusulas de suelo: como sabrás, cuando en una hipoteca aparece una cláusula suelo, se puede intentar declarar su nulidad por considerarse abusiva, alegando infracción de numerosa normativa. Pero para invocar esta normativa de protección de consumidores, el primer requisito que se exige es que el demandante tenga la condición de consumidor o usuario. El objetivo del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, es facilitar la devolución de las cantidades satisfechas de forma indebida por el consumidor a las entidades bancarias en aplicación de ciertas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
