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Real Decreto cláusulas suelo: Como sabrás, cuando en una hipoteca aparece una cláusula suelo, se puede intentar declarar su nulidad por considerarse abusiva, alegando infracción de numerosa normativa. Pero para invocar esta normativa de protección de consumidores, el primer requisito que se exige es que el demandante tenga la condición de consumidor o usuario.
El objetivo del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, es facilitar la devolución de las cantidades satisfechas de forma indebida por el consumidor a las entidades bancarias en aplicación de ciertas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
A raíz del Real Decreto no solamente se anulan las cláusulas suelo que no son transparentes, sino que además establece un sistema extrajudicial para agilizar las devoluciones de los clientes y evitar el colapso de los juzgados.
El Gobierno fijará un órgano de control que se ocupará de seguir, controlar y valorar las reclamaciones de la cláusula suelo. Este organismo emitirá un informe cada seis meses en el que se refleje el desarrollo de las devoluciones, sobre todo en el caso de personas vulnerables. Además, podrá proponer medidas necesarias para corregir errores en el sistema, en caso de que se considere oportuno. Por el momento, las entidades no estarán representadas.
Uno de los elementos clave para la reclamación sobre el suelo hipotecario es el concepto de «consumidor». Como sabrás, cuando en una hipoteca aparece una cláusula suelo, se puede intentar declarar su nulidad por considerarse abusiva, alegando infracción de numerosa normativa. Pero para invocar esta normativa de protección de consumidores, el primer requisito que se exige es que el demandante tenga la condición de consumidor o usuario.
Cientos de hipotecas destinadas a fines comerciales se encontraron igualmente con restricciones sobre el interés en sus contratos, pero lamentablemente para ellos, sus reclamaciones no prosperaron debido a la naturaleza del préstamo. Así pues, la ley de transparencia se aplica a todas aquellas suscritas a título personal, para uso privado.
Los bancos poseen la obligación de informar a todos los consumidores que cuentan con cláusulas suelo en sus contratos sobre la existencia de este procedimientos extrajudicial para poner la reclamación.
Este punto permite que el banco se niegue a devolver el dinero al usuario si considera que el contenido del contrato cumple con los requisitos de transparencia establecidos por la legislación vigente. No obstante, la entidad está obligada a comunicar a los clientes las razones por las que considera que la devolución no es procedente.
Las cantidades devueltas por las cláusulas suelo no estarán sujetas a retenciones fiscales. No obstante, si el usuario realizó alguna desgravación por las cantidades incluidas en el suelo durante períodos fiscales previos, tendrá que revertir la situación. En el Real Decreto se establece también que si se apuesta por la amortización de la hipoteca en lugar de la devolución en efectivo, no es necesario pagar impuesto sobre dicha cantidad. De lo contrario, se tendrá que realizar una declaración complementaria, sin sobrecargo alguno y sin intereses de demora.
Si el cliente y la entidad ya hubieran iniciado un proceso judicial, este queda suspendido hasta que se apruebe la resolución de la nueva forma de devolución.
El mecanismo para la devolución de la cláusula suelo que establece el Gobierno estará disponible para el usuario, pero únicamente se activará a petición de este. Tendrá que reclamar y después la entidad deberá resolver el asunto en un plazo inferior a tres meses.
Los bancos cuentan con la obligación de transmitir la existencia de este servicio tanto en las oficinas como sus páginas web. También es obligatorio gestionar las reclamaciones en un plazo máximo de tres meses a contar desde la reclamación del consumidor, explicar la normativa de transparencia y describir el contenido.
El sistema no tendrá coste alguno para el cliente y serán los bancos los que se ocupen de fijar departamentos en sus sedes para que se encarguen de gestionar el proceso.
Una vez que el cliente haya recibido la oferta contará con un plazo de 15 días para hacer saber si está de acuerdo o no con el trato. En principio, la oferta tendrá que realizarse en efectivo, aunque los bancos pueden establecer otras maneras de reembolsar la deuda. Eso sí, son los usuarios los que tienen que aceptar esta vía alternativa sin que pueda ser impuesta por el banco. Si dan el visto bueno, es importante que quede constancia al respecto. Los propietarios de la hipoteca tendrán un nuevo documento que tendrá que guardarse a buen recaudo.
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