En nuestro bufete contamos con un equipo de profesionales con una elevada formación en la legalidad y la administración de comunidades de propietarios que os ofrecerán ayuda para simplificar el gobierno de la comunidad para proteger el edificio a través de decisiones adecuadas para el correcto mantenimiento y la rigurosa administración económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, información, protección y claridad.
Además, hacemos las tareas que sean necesarias ante las instituciones públicas, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la elaboración de los modelos trimestrales en la Hacienda Pública de las cuentas de la comunidad de vecinos, las demandas ante el ayuntamiento correspondiente y la petición de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de vecinos tienen que interactuar con las administraciones públicas: como es el caso de solicitar subvenciones, hacer arreglos de fachadas, costear posibles sanciones, presentar requerimientos, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de letrados con más de 10 años de trabajo. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida diaria de una comunidad de propietarios puede generar diversos conflictos provocados, muchas veces, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por la incomprensión de la la legalidad vigente y, en algunos casos, por las disconformidades generadas por la falta de confianza en los organismos de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que casi todos los días se desenmascaran engaños y malos hábitos en la administración de las finanzas de la comunidad por parte de dichos administradores que provocan que los vecinos tengan que afrontar un sobrecoste por los mismos servicios. Por este motivo, las auditorías de las comunidades de propietarios son un mecanismo más habitual de lo que piensas.
Gracias al uso de las herramientas tecnológicas, podemos lograr una correcta comunicación entre el presidente, el resto de vecinos, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un análisis las finanzas de la comunidad de vecinos para valorar la conciliación bancaria y gestionar las posibles problemas que puedan apareer para reducir los márgenes de error y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que solamente lleven a cabo actividades propias de su naturaleza, no están obligadas llevar la contabilidad ni formular cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el patrón que considere más conveniente para reflejar su condición financiera.
Por esta razón, en el caso de que se quiera hacer una auditoría de la contabilidad de la comunidad de propietarios, no es preciso que dicha inspección sea efectuada expresamente por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que cuente con la formación y la pericia adecuados en el ámbito del funcionamiento de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. Eso sí, el estudio emitido no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá dar lugar a error respecto a que se refiere a un trabajo de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier persona está en su derecho de solicitar una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más del 50% de las cuotas de los propietarios votan favorablemente la confección del informe, se llevará a cabo y será pagado por toda la comunidad de propietarios. En caso de que se identifiquen irregularidades, existe la posibilidad de demandar al administrador de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la rúbrica de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda resultar favorable para la comunidad y para llevar a cabo las tareas que sean precisas en las distintas entidades públicas. Pero también te procuramos asesoría legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos información sobre las novedades legislativas que puedan surgir, orientación y apreciación de la concerniente a procesos jurídicos, la redacción y revisión de escritos legales y denuncias extrajudiciales para la protección de la comunidad de propietarios.
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El derecho al desistimiento del contrato de arrendamiento es la facultad que permite a quien posee tal derecho a extinguir el contrato sin necesidad de invocar causa alguna. Esto quiere decir que un inquilino puede rescindir el contrato de alquiler de la vivienda en la que reside antes de que venza el plazo pactado, tal […]
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¿Cuál es la sanción por depositar fianza en el IVIMA fuera de plazo? En la actualidad, la fianza de los arrendamientos de vivienda es de una mensualidad de la renta. Tal como establece la legislación española y la normativa de la Comunidad de Madrid, el propietario está obligado a depositar la fianza dentro del plazo marcado en el IVIMA y no hacerlo puede traer consigo graves multas.
El “tope de gas” en la factura de luz de la comunidad de propietarios. El Mecanismo de ajuste del Real Decreto-ley 10/2022 o “Tope de gas”, es una medida transitoria establecida por el Gobierno, que tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2023. Esta medida busca contener el precio de la luz, que no ha parado de subir en los últimos meses. Desde su aplicación, el 15 de junio de 2022, se ha impuesto un tope de 40 euros/ MWh al coste de gas que utiliza para producir electricidad y, a partir de enero de 2023, el precio irá subiendo hasta llegar a los 70 euros/MWh.
