En nuestro despacho contamos con un equipo de expertos en leyes con una amplia formación en el derecho y la administración de comunidades de propietarios que os ayudarán a facilitar la dirección de la comunidad para cuidar la finca mediante decisiones adecuadas para el apropiado sostenimiento y la rigurosa gestión financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, datos, seguridad y transparencia.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean precisas ante las entidades públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la elaboración de los modelos trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de propietarios, las demandas ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de los permisos necesarios. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de vecinos tienen que interactuar con las administraciones públicas: como es el caso de cursar ayudas del Gobierno, llevar a cabo reparaciones de fachadas, costear posibles sanciones, presentar reclamaciones, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de expertos con más de 10 años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de vecinos puede generar numerosos enfrentamientos provocados, muchas veces, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por la incomprensión de la la legalidad vigente y, en algunos casos, por las disconformidades generadas por la falta de confianza en las entidades de gobierno y gestión de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas suele ser un sector opaco y poco transparente, por lo que casi a diario se pillan trampas y malas praxis en la administración de las cuentas de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los propietarios tengan que abonar un sobrecoste por los mismos servicios. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de vecinos son un procedimiento más habitual de lo que piensas.
Gracias al uso de los recursos tecnológicos, podemos lograr una correcta comunicación entre el presidente, los demás vecinos, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un estudio la contabilidad de la comunidad de vecinos para evaluar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan generarse para disminuir los márgenes de equivocación y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de propietarios que únicamente desempeñen funciones propias de su naturaleza, no tienen por qué controlar las cuentas ni formular cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el patrón que juzgue más oportuno para reflejar su situación financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera hacer una auditoría de las finanzas de la comunidad de vecinos, no es preciso que dicha inspección sea realizada de manera expresa por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que tenga los conocimientos y la experiencia adecuados en el terreno la estructura de las comunidades de vecinos, como puede ser un abogado. Eso sí, el estudio creado no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá producir error respecto a que se refiere a una labor de revisión y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca puede solicitar una auditoría de las cuentas, pero deberá aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los propietarios aprueban la elaboración del informe, se llevará a cabo y será pagado por al totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se descubran irregularidades, se podría querellar al gestor de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la rúbrica de nuestros letrados está siempre a disposición de cualquier beneficio que pueda ser positivo para la comunidad y para poner en marcha las tareas que sean necesarias en las distintas organizaciones públicas. Pero también te proporcionamos asesoría legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, brindamos servicio de consultoría sobre las novedades de la ley que puedan publicarse, orientación y evaluación de la relacionada con procedimientos jurídicos, la creación y inspección de documentos legales y denuncias extrajudiciales para la defensa de la comunidad de vecinos.
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IPC arrendamientos urbanos. Seguramente hayas oído hablar en los medios del Índice de Precios al Consumo (IPC). Y aunque nos afecta en numerosos ámbitos de la vida cotidiana, no todo el mundo conoce cuál es su impacto directo.
Real Decreto sobre cláusulas de suelo: como sabrás, cuando en una hipoteca aparece una cláusula suelo, se puede intentar declarar su nulidad por considerarse abusiva, alegando infracción de numerosa normativa. Pero para invocar esta normativa de protección de consumidores, el primer requisito que se exige es que el demandante tenga la condición de consumidor o usuario. El objetivo del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, es facilitar la devolución de las cantidades satisfechas de forma indebida por el consumidor a las entidades bancarias en aplicación de ciertas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal es el artículo que establece la manera de tomar las decisiones de la Comunidad. Estableciendo las mayorías que serán necesarias para la adopción de los diferentes acuerdos que se voten en Junta de Propietarios. Artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal Art. 17.1. Infraestructura común […]
¿qué ocurre si el propietario le comunica al inquilino que no desea renovar el contrato y este no se marcha? Hay que tener en cuenta que, además del desahucio por falta de pago en las rentas, también es posible llevar a cabo un desahucio en aquellos casos en los que el arrendamiento deba finalizar por expiración del plazo, es decir, cuando el inquilino no abandona la propiedad a pesar de haberse terminado el contrato, ya sea por disposición legal o contractual. Siendo este tipo de juicios uno de los primeros en cuanto a litigios en nuestro país en lo que respecta al terreno de los arrendamientos.
