En nuestro bufete contamos con un equipo de expertos en leyes con una gran formación en el derecho y la gestión de comunidades de vecinos que os ayudarán a facilitar el gobierno de la comunidad para preservar el edificio mediante las medidas adecuadas para el apropiado sostenimiento y la precisa gestión económica, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, datos, seguridad y transparencia.
Además, llevamos a cabo las gestiones que sean precisas ante los organismos públicos, tanto trámites ante la Seguridad Social como la redacción de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de las cuentas de la comunidad de vecinos, las instancias ante el ayuntamiento correspondiente y la petición de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios deben comunicarse con las administraciones públicas: como es el caso de pedir subvenciones, llevar a cabo reparaciones de fachadas, sufragar posibles multas, tramitar reclamaciones, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de profesionales con más de 10 años de trabajo. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de vecinos puede generar un buen número enfrentamientos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los vecinos y por el desconocimiento de la LPH y, en algunos casos, por las discrepancias generadas por la falta de seguridad en las entidades de gobierno y administración de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que prácticamente a diario se pillan trampas y malas costumbres en la administración de la contabilidad de la comunidad por parte de dichos gestores que hacen que los propietarios tengan que pagar un sobrecoste por los mismos servicios. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de propietarios son un proceso más frecuente de lo que piensas.
Gracias a la utilización de las herramientas tecnológicas, podemos lograr una correcta comunicación entre el presidente, los demás vecinos, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un estudio la eocnomía de la comunidad de propietarios para verificar la conciliación bancaria y gestionar las posibles incidencias que puedan generarse para disminuir los márgenes de equivocación y el intervalo de reacción.
Las comunidades de vecinos que únicamente desempeñen actividades propias de su condición, no están obligadas controlar las cuentas ni enunciar cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el mecanismo que considere más conveniente para plasmar su situación financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera hacer una auditoría de las cuentas de la comunidad de vecinos, no es preciso que dicha revisión sea efectuada obligatoriamente por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que cuente con la formación y la pericia adecuados en el terreno de la articulación de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. No obstante, el estudio emitido no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá crear error respecto a que se trata de un trabajo de revisión y no de auditoría como tal.
Cualquier persona está en su derecho de solicitar una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más de la mitad de las cuotas de los propietarios aprueban la realización del documento, se preparará y deberá ser pagado por al totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se encuentren irregularidades, se podría acusar al administrador de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros letrados está siempre a disposición de cualquier rendimiento que pueda ser positivo para la comunidad y para llevar a cabo las gestiones que sean necesarias en las diferentes organizaciones públicas. Pero también te procuramos asesoría legal para todas aquellas problemáticas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las novedades normativas que puedan surgir, orientación y valoración de la concerniente a procesos judiciales, la redacción y revisión de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la protección de la comunidad de propietarios.
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Derecho de adquisición preferente arrendamientos urbanos. El derecho de adquisición preferente en los arrendamientos urbanos regula las relaciones entre arrendadores y arrendatarios en el mercado inmobiliario, comprendiendo un conjunto de normativas dirigidas a proteger los derechos e intereses de ambas partes en situaciones de venta o traspaso de la propiedad.
Prohibición de alquiler vacacional. En los últimos años ha surgido un fenómeno que ha cambiado por completo la vida en las comunidades de vecinos: los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios. Según el INE, a comienzos de 2023 se encontraban registradas 306.136 viviendas, y su constitución está en aumento. Este tipo de residencias temporales está generando disputas entre los vecinos, acabando en muchos casos con la prohibición de constituirse.
La Ley de Propiedad Horizontal sirve para establecer las normas de funcionamiento y convivencia sobre las propiedades de pisos, locales, comunidades de propietarios zonas comunes dentro de ellas, etc. Siendo de vital importancia en nuestro país, ya que 8 de cada 10 españoles viven en comunidades de propietarios. Debido a las dificultades de gestión administrativa que pueden generar tanto las propias obligaciones de los propietarios como las tareas administrativas o los conflictos que pueden surgir en la convivencia, muchas comunidades de propietarios deciden contratar los servicios de un administrador de fincas que, además de encargarse de la gestión de la misma, actúe como mediador cuando haya desavenencias entre vecinos. Sus funciones quedan recogidas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Art 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal: la Ley de Propiedad Horizontal se encarga, en su artículo 9.1, de especificar las obligaciones inherentes a la condición de propietario de una Comunidad de Vecinos. Dicho artículo engloba tanto obligaciones económicas, como de actuación diligente frente a las zonas comunes y los demás propietarios. Concretamente, el precepto nos presenta nueve obligaciones que procedemos a comentar a continuación.
