En Vecindia contamos con un equipo de profesionales con una elevada formación en el derecho y la administración de comunidades de propietarios que os ofrecerán ayuda para facilitar el gobierno de la comunidad para conservar el edificio mediante las medidas oportunas para el apropiado mantenimiento y la precisa administración económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, información, protección y transparencia.
Además, tramitamos las gestiones que sean necesarias ante las entidades públicas, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la elaboración de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de vecinos, las instancias ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de los permisos necesarios. Y es que no en pocos casos las comunidades de vecinos tienen que interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de solicitar subvenciones, llevar a cabo arreglos de fachadas, sufragar posibles sanciones, tramitar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de profesionales con más de diez años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de propietarios puede dar lugar a numerosos conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de entendimiento entre los propietarios y por la incomprensión de la LPH y, en algunos casos, por las disconformidades que se producen por la falta de seguridad en las instituciones de gobierno y gestión de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector opaco y poco transparente, por lo que prácticamente todos los días se pillan trampas y malas prácticas en la gestión de la contabilidad de la comunidad por parte de dichos administradores que hacen que los propietarios tengan que abonar un sobrecoste por los mismos servicios. por esta razón, las auditorías de las comunidades de vecinos son un procedimiento más habitual de lo que piensas.
Gracias al uso de los medios tecnológicos, podemos lograr una correcta comunicación entre el presidente, los demás vecinos, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un examen la eocnomía de la comunidad de vecinos para evaluar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan producirse para acortar los márgenes de error y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que únicamente lleven a cabo funciones propias de su condición, no tienen por qué llevar la contabilidad ni formular cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el administrador, seguirá el patrón que juzgue más apropiado para plasmar su situación financiera.
Por esta razón, si se quisiera realizar una auditoría de la contabilidad de la comunidad de propietarios, no es necesario que dicha inspección sea efectuada de forma expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que disponga de los conocimientos y la pericia adecuados en el terreno la estructura de las comunidades de vecinos, como puede ser un abogado. Eso sí, el informe creado no podrá identificarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá generar error respecto a que se trata de una labor de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier vecino puede solicitar una auditoría de las cuentas, pero tendrá que aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los vecinos aprueban la redacción del informe, se llevará a cabo y deberá ser sufragado por toda la comunidad de propietarios. En caso de que se encuentren anomalías, se podría acusar al administrador de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la rúbrica de nuestros abogados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda ser positivo para la comunidad y para llevar a cabo las gestiones que sean precisas en las diferentes instituciones públicas. Pero además te brindamos asesoría legal para todas aquellas cuestiones que tengan que ver con las comunidades de propietarios y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, brindamos servicio de consultoría sobre las actualizaciones normativas que puedan publicarse, asesoramiento y evaluación de la relacionada con procesos jurídicos, la redacción y inspección de documentos legales y denuncias extrajudiciales para la defensa de la comunidad de propietarios.
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Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para apartamentos turísticos. En lo que respecta a los apartamentos turísticos, la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) ha generado un importante impacto tanto a nivel legal como social.
Cuando vives en una comunidad de vecinos, lo más habitual es contar con un administrador de fincas que se encarga de prácticamente todo lo necesario para el buen funcionamiento del inmueble. De hecho, en la actualidad contar con una buena administración de fincas es esencial para que la gestión de la comunidad sea eficiente.
En nuestro despacho son frecuentes los conflictos que se nos plantean entorno a la alteración de la convivencia vecinal. En estos casos la Ley de Propiedad Horizontal prevé la acción de cesación, que responde a la necesidad de regularizar determinadas actividades que se llevan a cabo en los elementos privativos de los comuneros, pero que superan los límites de la normalidad en el uso y la buena fe.
Resolución del contrato de compraventa de un inmueble: ¿en qué casos puede hacerse? El contrato de compraventa de un inmueble es un compromiso establecido entre el comprador y el vendedor para entregar el bien a cambio de un valor previamente acordado. Este documento obliga al vendedor a entregar el inmueble en las condiciones en las que se encontraba cuando se firmó el contrato de compraventa. Y, por otro lado, obliga al comprador a abonar el importe reflejado en el mismo.
