Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de vivienda construída por el Gobierno, generalmente ofertada a un coste más económico para que las personas vulnerables que no tengan acceso a facilidades para comprar otro tipo de casa o que presenten necesidades especiales puedan tener derecho a un hogar.
Cuando el inmueble se destina a personas con ingresos extremadamente bajos, suele emplearse el término VPO de régimen especial. Mientras que los demás VPO son denominados como VPO de régimen general.
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La protección de las VPO oscila entre los 15 y los 50 años. Todo depende de la tipología de vivienda que se trate o de las subvenciones percibidas. No obstante, cuando ha transcurrido dicho plazo, la vivienda pasa a ser libre de forma automática o de oficio. Es entonces cuando pueden descalificarse voluntariamente, lo que implica el reembolso de las ayudas percibidas.
Si queremos realizar la descalificación voluntaria, será necesario acudir a varios organismos, entre ellos la Administración que se encarga de la Vivienda en cada región autonómica y localidad que competa. Un proceso que dura unos 5 meses y hasta que no lo empecemos no podemos saber cuál es el valor exacto a reembolsar. No obstante, generalmente oscila entre los 0 y los 30.000 euros. Eso sí, es posible interrumpirlo en cualquier momento si no nos interesa seguir adelante.
Eso sí, hay que tener en cuenta que que no todas las viviendas de protección oficial pueden descalificarse, como por ejemplo las VPP o las que están supeditadas al Real Decreto 801-2005. Esto no significa que no tengamos posibilidad de venderla, pero sí estaremos obligados a hacerlo al valor marcado por la Comunidad Autónoma en la que se ubique la propiedad.
Al tratarse de inmuebles con un régimen especial de protección, no son accesibles para cualquier persona, por lo que es necesario que los adquirientes reúnan una serie de requisitos:
Si quieres vender una casa de protección oficial, el precio no lo pauta el mercado, sino la Administración. Pero además, el dueño tiene que solicitar la descalificación voluntaria si quiere gestionarlo previamente a que caduque la certificación de Protección Oficial, debiendo especificarse el motivo por el que es necesario vender la vivienda, probar que ha sido la vivienda habitual del propietario en los últimos 5 años y que la calificación urbanística del suelo sobre el que está localizada lo permite.
Lo más sencillo es vender la casa después de los 10 años de haber sido comprada, ya que no es necesario ningún requisito especial ni hay obligación de reintegrar las subvenciones disfrutadas. No obstante, es fundamental averiguar antes el plazo en las escrituras, puesto que existen algunas comunidades que la marcan en los 30 o incluso en los 50 años. Aunque no suele ser lo habitual.
En el caso de que arrendar una VPO, hay que tener en cuenta que no se permite durante el plazo de calificación. La única salvedad es que no pueda ser destinado a residencia habitual o permanente. En cuyo caso deben aplicarse las condiciones y precios del arrendamiento de vivienda de protección oficial y este únicamente podrá ofertarse a personas inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial.
Si es una herencia, lo que tenemos que hacer es satisfacer el impuesto de sucesiones y llevar a cabo la adjudicación de la herencia ante notario. Cuando hayamos hecho esto, puede alquilarse sin superar el precio máximo marcado por la comunidad autónoma, venderla o tramitar la descalificación voluntaria.
Durante muchos años, la legislación española no reflejaba que los bancos no podían añadir una “cláusula suelo” a los préstamos hipotecarios de las VPO. Hay que tener en cuenta que, algunas veces, esta cláusula ni siquiera aparece en la escritura del préstamo, por lo que es aconsejable echar un vistazo a los pagos de las mensualidades.
La cuestión es que el tribunal supremo declaró esta cláusula como inválida, por lo que si tu préstamo hipotecario la incluye puedes solicitar que la quiten y que te reembolsen el dinero que has pagado de más.
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