Impugnar acta de comunidad de propietarios: el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que los dueños de las viviendas y locales pueden reclamar en la junta de propietarios en aquellas ocasiones en las que no están de acuerdo con alguna cuestión que se haya acordado y realizar la impugnación de los acuerdos o actas de la comunidad de propietarios teniendo en cuenta tres motivos existentes: cuando contradigan la ley o a los estatutos de la comunidad, cuando sean perjudiciales para los intereses de la comunidad a favor de uno o varios vecinos y cuando perjudiquen a algún vecino que no esté obligado legalmente a soportarlo o que se hayan acordado con abuso de derecho.
Por otro lado, si en el momento de anunciar o, en su caso, celebrar la Junta de Propietarios, la Comunidad ha podido faltar a lo dispuesto en la LPH (referencia de la convocatoria en el plazo legalmente establecido, llamamiento a todos los comuneros, celebración en tiempo y forma), puede que tenga que exigirse la nulidad de la Junta por completo. Con la finalidad de que un Juez, en caso de valorarlo oportuno, proclame nula la controvertida Junta de Propietarios; es decir, como si jamás se hubiese llevado a cabo.
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Pudiendo hacerlo los vecinos que, por cualquier causa, no hayan podido asistir a la convocatoria, los que hubiesen salvado su voto en la junta o los que hayan sido privados de la posibilidad de voto de forma indebida, siempre que estén al al corriente de pago. Todos ellos disponen de un plazo de tres meses, a menos que sean actos contrarios a la legislación vigente o a los estatutos, en cuyo caso el plazo es de un año. Si ningún propietario impugna los convenios en estos, el pacto quedará confirmado.
Si alguna vez te ha sido imposible acudir a una junta y te has enterado de los pactos a través de un acta publicada en el tablón de anuncios o por la copia del acta depositada en tu buzón, es posible que se hayan tomado decisiones que te afectan y con las que no estás de acuerdo.
El procedimiento adecuado para la impugnación de acuerdos o actas de una comunidad de vecinos es a través de juicio ordinario siempre que la reclamación no esté relacionada sólo con reclamaciones de cantidad, en cuyo caso deberá tramitarse a través del proceso que corresponda. Se deberá realizar un escrito en el juzgado de primera instancia que competa. Para lo cual hace falta un abogado y un procurador. Se preparará la denuncia en juicio declarativo ordinario, indicando la fecha de la convocatoria de la junta de vecinos, reseñando los sucesos y aportando pruebas de que se es propietario de la comunidad a través de un duplicado de la nota simple de registro. Todo ello deberá ir firmado por el abogado y por el procurador.
Las comunidades de propietarios acostumbran a plantear dificultades de funcionamiento ligados a disputas de intereses entre los diferentes vecinos. Problemas que pueden tener que ver con la aplicación o interpretación de lo que hay reflejado en la Ley de Propiedad Horizontal, como la decisión de afrontar una derrama, dudas sobre los estatutos, la ejecución de obras o rehabilitaciones en el edificios, la distribución de los presupuestos, el requerimiento de un proceso monitorio, las desigualdades de criterios en la relación de las cuentas anuales, los cambios en la gestión y un largo etcétera.
Podemos atender cualquier controversia relacionada con desavenencias entre los propietarios de un edificio. Tanto si eres tú el que desea llevar a cabo la impugnación de los pactos y actas de la comunidad de vecinos como si eres parte demandada y requieres defensa legal para hacer frente a la situación.
Sabemos que este tipo de situaciones no resultan nada agradables para nadie y que son muchas las dudas que pueden aparecer a lo largo del proceso. Nosotros nos ocupamos de todas las gestiones para que puedas estar tranquilo y evitarte mucho tiempo en gestiones. De esta forma, podrás terminar con el problema lo antes posible y evitar que se alargue en el tiempo, creando tiranteces y mal ambiente entre los comuneros.
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Cómo saber si una vivienda tiene cédula de habitabilidad: La cédula de habitabilidad es un certificado que especifica que la vivienda cumple con todos los requisitos técnicos de habitabilidad establecidos por ley para poder vivir en ella. Algunos de estos requisitos están relacionados con la superficie útil mínima, el número de estancias que debe tener y el equipamiento de la casa.
Las compañías de telefonía móvil habitualmente imponen cláusulas de penalización para el caso de incumplimiento del compromiso de permanencia en sus contratos. Este tipo de cláusulas son legales, en virtud de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El día 13 de abril de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha declarado la nulidad de la penalización que la empresa de telecomunicaciones había impuesto a una sociedad por haber incumplido su obligación de permanencia.
En el año 2011, tras no haber procedido la Comunidad con la urgente reparación del tejado del edificio debido a su mal estado de conservación, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, llevó a cabo diversas ejecuciones subsidiarias por procedimiento de emergencia, a consecuencia del riesgo que suponía no subsanar las deficiencia existentes en la mencionada zona común. Debido a lo anterior, la Comunidad resultaba obligada a hacer frente a la deuda que se había generado a raíz de la realización de las oportunas reparaciones, y repartirla conforme al criterio de reparto establecido en su momento.
los acuerdos que se adoptan en una reunión de la comunidad de vecinos pueden impugnarse cuando alguno de los propietarios no está conforme y no se cumplen los requisitos necesarios para que dichos acuerdos sean legales. No obstante, no basta con que se manifieste de forma verbal o por escrito a la comunidad, sino que debe ser impugnado por la vía judicial. Todo lo demás es una mera manifestación que no tiene ninguna validez desde el punto de vista legal. A continuación, te contamos cómo impugnar un acta de la comunidad de propietarios, según lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal.
