Si has suscrito un contrato de arras y has proporcionado una cantidad de dinero para la adquisición de un inmueble y el propietario no entrega las llaves de la vivienda en el tiempo pactado, no proporciona la escritura de compraventa o se niega a reembolsar el doble de la cantidad entregada después de incumplir el contrato, tienes que tener en cuenta que la normativa vigente te ampara, pudiendo recurrir a los juzgados para exigir la indemnización debido al incumplimiento del contrato o exigir que se cumpla lo que se firmó en el contrato de arras.
En estas cuestiones, es aconsejable que contactes con un buen abogado especialista en contrato de arras para que estudie la situación. El abogado se encargará de mandar un burofax a la parte contraria advirtiendo sobre el incumplimiento del contrato y reivindicando que se cumpla lo pactado. Si la parte incumplidora responde a la reclamación, el problema puede terminar de manera «amistosa» sin que haya que llegar a juicio. Pero si no conseguimos llegar a una resoluci, se emprenderá la vía judicial a través del juicio monitorio en el que se pedirán las cantidades debidas más el interés, pudiendo producirse las siguientes situaciones:
Si se dan el segundo y el tercer caso, se tendrá que interponer juicio de forma verbal u ordinaria según las cantidades que se estén solicitando. Si el importe supera los 6.000 euros, deberá acudirse al juicio ordinario, como reflejan los arts. 818.2 LEC y 249.2 LEC. Si la cantidad es menor, el procedimiento será verbal. Es importante que sepas que si no se continúa adelante, el juez puede atribuirnos las costas. Una vez que se ha dictado sentencia firme, si la parte incumplidora del contrato continúa sin atender pago, se llevará a cabo la ejecución, pudiendo proceder al embargo de lo que sea necesario.
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También conocido como contrato de señal, el contrato de arras es el que tiene lugar entre el comprador y el vendedor con la finalidad de asegurar una obligación de entrega de un objeto, mueble o inmueble, a través de una cantidad de dinero anteriormente fijada. Los que se usan generalmente para los contratos de compraventa de vivienda son los contratos de arras confirmatorias que, según señala el Tribunal Supremo, “son expresión de un contrato con fuerza vinculante que no faculta, por tanto, para resolver la obligación contraída, que normalmente corresponden con las entregas o anticipos «a cuenta del precio”.
Este tipo de contratos no deben ser confundidos con los contratos de reserva de compra, ya que son acuerdos distintos. El contrato de reserva no deja de ser un contrato por el que tanto el comprador como el vendedor pactan realizar la venta en un momento determinado y por un precio específico. Muy habitual en las agencias inmobiliarias, pero que no presupone la posterior compraventa, sino que su finalidad es asegurar que una persona quiere adquirir un inmueble concreto. El contrato de reserva no es ni un contrato de compraventa ni un contrato de arras, sino que es un contrato irregular debido a su imprecisión y del que casi no hay jurisprudencia.
La diferencia radica en que en el contrato de arras, el comprador entrega una señal, garantizando de esta manera la penalización de la parte que infrinja el pacto. En caso de que el comprador finalmente decida no continuar adelante con el procedimiento, no recuperará el importe aportado. Si, en cambio, es el vendedor el que finalmente decide no vender, tendrá que reintegrar al comprador la cantidad entregada por duplicado. Esto significa que las arras sirven como una garantía que va unida al futuro contrato de compraventa, con el objetivo de evitar su incumplimiento y garantizar la transacción.
Cosa diferente es que, después de firmar el contrato de arras, una de las partes no pueda cumplir con lo acordado y ambas acuerden una prórroga de contrato de arras. Esto significa que si la operación no puede concretarse antes de que llegue la fecha acordada en el contrato de arras, es posible ampliar la fecha límite de mutuo acuerdo.
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Derecho de una comunidad de garajes para hacer obras. En el contexto del derecho inmobiliario en España, las comunidades de garajes representan una parte inseparable del edificio y su presencia es significativa por cuanto se deberá permitir a los propietarios realizar obras ya sea para mejoras o conservación. Este aspecto está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal y otros preceptos legales que se detallarán en este artículo.
El endurecimiento por parte de los bancos de las condiciones a la hora de conceder créditos ha propiciado que aquellas personas que disponen de unos ahorros hayan decidido invertir en una plaza de parking, pero hay que tener en cuenta que ser propietario de una plaza de aparcamiento en una comunidad de propietarios implica una serie de obligaciones con la misma. La comunidad de propietarios de un edificio es única y, en ella, los garajes en su conjunto son un elemento más. Por esta razón, el art. 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal establece que deben contribuir a los gastos generales de sostenimiento del inmueble que no seas susceptibles de individualización.
