Abogados contratos de arrendamiento en Silla

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  • Contrato de arras: porcentaje y qui√©n paga los gastos

    El contrato de arras es un acuerdo jur√≠dico de car√°cter privado en el que se acuerda entregar una cantidad de dinero en concepto de se√Īal para reservar el derecho de compraventa de un inmueble entre vendedor y comprador. No existe ninguna cantidad estipulada en el C√≥digo Civil de manera oficial, sino que el porcentaje de la se√Īal del contrato de arras ser√° el que acuerden ambas partes. Eso s√≠, lo normal es que ronde entre el 5% y el 15% del precio total de la venta. Cantidad que debe pagarse en el momento de la firma como garant√≠a, asegur√°ndose as√≠ la identidad del destinatario final en todos los pagos realizados ante el propietario o vendedor. Por su puesto, lo que se pague como se√Īal se descontar√° del precio total de la compra a la hora de formalizar el contrato de compraventa. Por eso, es importante que esta informaci√≥n queda reflejada en el contrato de arras.

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    Cómo reclamar al banco los gastos de formalización de hipoteca

    C√≥mo reclamar al banco los gastos de formalizaci√≥n de hipoteca: cuando se solicita un pr√©stamo hipotecario para adquirir una vivienda, se generan dos tipos de gastos de formalizaci√≥n: los de compraventa y los gastos de constituci√≥n del pr√©stamo hipotecario. Seg√ļn el Tribunal Supremo y la Justicia Europea, los primeros deben ser cubiertos por la entidad bancaria. En el a√Īo 2013, el Tribunal Supremo dio la voz de alarma en este sentido y desde entonces se han ido configurando toda una serie de sentencias que han determinado que estos gastos tienen que repartirse entre la entidad y el cliente.

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    Sentencia favorable obligación de la Comunidad de Propietarios de aportar documentos necesarios

    Este despacho representaba a la Mancomunidad demandante, que pretendía la obtención de la Comunidad de Propietarios demandada de documentación necesaria para poder realizar un minucioso estudio sobre el estado de la contabilidad de la Comunidad. Contabilidad que, hasta el momento, resultaba desordenada y poco fiable. La Comunidad de Propietarios demandada, se negaba a hacer entrega de la documentación requerida amparándose en la Ley de Protección de Datos.

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