Desde nuestra opinión, la mejor forma de anunciar los fondos buitre, sería destacar los siguientes aspectos:
Para que cumpla con la legalidad, debe notificarse al deudor que se va a proceder con la cesión de su crédito y que tiene derecho a comprarlo al precio que se le vendió a un tercero (derecho de tanteo). Debe ser realmente informado y notificado (siendo verdaderamente consciente de dicha información).
Esto no supone la invalidez de la cesión, pero la entidad bancaria que venda al tercero el crédito, será responsable de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario como consecuencia de dicha omisión de información (art. 149 y ss de la Ley Hipotecaria).
Se limitan los derechos del deudor, por imposición del acreedor. El apartado 14 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, determina esta cláusula como abusiva. El Tribunal Supremo dice que el deudor no puede sufrir cualquier limitación que merme sus derechos, acciones y facultades contractuales.
Esta renuncia anticipada, establecida de manera unilateral, merma las facultades y derechos del deudor cedido.
Lo es, por considerarse abusiva de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, produciéndose un gran desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes contratantes. La inserción de la misma en los contratos bancarios es susceptible de ser demandada ante los Tribunales, solicitando la nulidad de la misma.
Así lo determina la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
La citada Directiva habla de la imposición de que todo lo redactado y firmado con anterioridad pueda ser efectivo.
Dando la posibilidad al deudor hipotecario de solicitar una indemnización, si la cláusula de renuncia firmada por éste, se declara nula por los Tribunales. Consistente en todo aquello que excediera de lo pagado por el comprador o cesionario del crédito, terceros, o fondos buitre.
Dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Majadahonda. Dos letradas alegan que el contrato de alquiler debe prorrogarse manteniendo las condiciones del arrendamiento independientemente de la condición de vivienda libre que tienen las viviendas en cuestión.
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