En nuestro despacho contamos con un equipo de letrados con una gran formación en la legalidad y la gestión de comunidades de propietarios que os ofrecerán ayuda para facilitar la dirección de la comunidad para proteger el edificio mediante decisiones oportunas para el correcto mantenimiento y la rigurosa gestión económica, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, información, protección y claridad.
Además, realizamos las tareas que sean precisas ante las entidades públicas, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la elaboración de los modelos trimestrales en la Hacienda Pública de las cuentas de la comunidad de vecinos, las solicitudes ante el ayuntamiento que corresponda y la petición de las licencias requeridas. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios tienen que comunicarse con las administraciones públicas: como es el caso de cursar ayudas del Gobierno, ejecutar reparaciones de fachadas, hacer frente a posibles multas, tramitar requerimientos, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de letrados con más de diez años de trabajo. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida diaria de una comunidad de propietarios puede generar diversos conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por el desconocimiento de la normativa legal y, en otros casos, por las disconformidades generadas por la falta de seguridad en las entidades de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas suele ser un sector opaco y poco claro, por lo que prácticamente todos los días se desenmascaran engaños y malos hábitos en la gestión de las finanzas de la comunidad por parte de dichos administradores que provocan que los vecinos deban abonar un sobrecoste por los mismos trabajos. Por este motivo, las auditorías de las comunidades de vecinos son un proceso más frecuente de lo que piensas.
Gracias al uso de los medios tecnológicos, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, los demás vecinos, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un examen la eocnomía de la comunidad de vecinos para evaluar la conciliación bancaria y administrar las posibles incidencias que puedan generarse para reducir los márgenes de error y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que solamente desarrollen funciones propias de su naturaleza, no están obligadas controlar la contabilidad ni enunciar cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, continuará el método que considere más adecuado para plasmar su situación financiera.
Por eso, en el caso de que se quiera llevar a cabo una auditoría de la contabilidad de la comunidad de propietarios, no es necesario que esta revisión sea realizada de manera expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que posea los conocimientos y la destreza adecuados en el terreno la estructura de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. Eso sí, el informe emitido no podrá denominarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá producir confusión respecto a que se refiere a un trabajo de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier persona puede pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los propietarios votan favorablemente la elaboración del informe, se llevará a cabo y será sufragado por toda la comunidad de vecinos. En caso de que se descubran anomalías, se puede demandar al gestor de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros abogados está siempre a disposición de cualquier rendimiento que pueda resultar positivo para la comunidad y para poner en marcha las gestiones que sean necesarias en las distintas instituciones públicas. Pero también te brindamos asesoría legal para todas aquellas polémicas que tengan que ver con las comunidades de propietarios y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, brindamos servicio de consultoría sobre las actualizaciones legislativas que puedan publicarse, orientación y evaluación de la concerniente a procedimientos jurídicos, la redacción y revisión de escritos legales y requerimientos extrajudiciales para la protección de la comunidad de vecinos.
¿Quieres contarnos qué te preocupa?
910 353 034
Consulta rápida y sin compromiso
El pasado 19 de diciembre de 2018 entró en vigor la nueva ley de alquiler que ha cambiado parcialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Sin embargo, debes saber que la reforma ha sido tumbada por el Congreso, por lo que realmente es como si nunca hubiera existido. Esto significa que, actualmente, la anterior legislación […]
Póliza de responsabilidad civil de construcción. La póliza de responsabilidad civil es un mecanismo de protección que permite a los profesionales de la construcción ejecutar sus proyectos con confianza, sabiendo que estarán respaldados en todo momento ante situaciones inesperadas.
La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un negocio muy sencillo y muy lucrativo para muchas mafias, por lo que la cantidad de usurpaciones no ha dejado de crecer en los últimos años. Solamente en el año 2017 se produjeron más de 10.000 ocupaciones ilegales denunciadas e investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, siendo Madrid y Cataluña las comunidades más castigadas. Actualmente, se calcula que en España hay alrededor de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente.
Las compañías de telefonía móvil habitualmente imponen cláusulas de penalización para el caso de incumplimiento del compromiso de permanencia en sus contratos. Este tipo de cláusulas son legales, en virtud de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El día 13 de abril de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha declarado la nulidad de la penalización que la empresa de telecomunicaciones había impuesto a una sociedad por haber incumplido su obligación de permanencia.
