Delitos de un administrador de fincas: cuándo y qué tipos pueden ser

Delitos de un administrador de fincas: cuándo y qué tipos pueden ser

Delitos de un administrador de fincas: la figura del administrador de fincas es cada vez más popular en las comunidades de vecinos. Muchas de ellas dejan las funciones y tareas relacionadas con el funcionamiento y el mantenimiento del edificio en manos de profesionales de este tipo. Y, aunque la gran mayoría de ellos suelen atender sus obligaciones con ética y buena voluntad, podemos encontrarnos con algunas personas que llegan a traspasar la línea de la legalidad.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que cualquier propietario del inmueble puede ejercer las funciones de administrador de fincas, pero siempre es recomendable que este cargo sea ocupado por un profesional colegiado que esté sujeto a un código deontológico y que pueda ser sancionado en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

Delitos de un administrador de fincas: responsabilidades

El caso es que la responsabilidad penal, fiscal y administrativa existe en todos los ámbitos profesionales y el caso de la administración de fincas no podía ser una excepción. Y hay muchas comunidades de propietarios que han delegado la realización de una serie de tareas en las que las actuaciones del administrador de fincas han podido traer consigo graves consecuencias legales, económicas, administrativas y de convivencia para los propietarios.

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La responsabilidad civil profesional de un administrador hace referencia a aquella que se le atribuye a estos profesionales cuando ejercen su actividad. Si incurren en una actuación ilegal o en una infracción legal tienen la obligación de responder frente a la justicia, ya que pueden estar causando un grave perjuicio a las comunidades de propietarios a las que atienden. La responsabilidad civil tiene por objetivo reparar el daño, centrándose en la obligación de indemnizar.

Eso sí, para que este tipo de demandas prosperen, al culpa o negligencia del administrador tienen que haber ocasionados unos daños a la comunidad que se hayan derivado del incumplimiento de sus funciones, es decir, tienen que estar relacionados con la acción u omisión del administrador de fincas, una negligencia, un daño o perjuicio relativo o un resultado dañino.

En el caso de que se demuestre que realmente se han dado estas circunstancias, el seguro de responsabilidad civil contratado a través del Colegio Profesional tendrá que ocuparse del pago de las indemnizaciones que se deriven de las reclamaciones por los perjuicios causados en el desempeño de sus funciones.

Tipos de delitos de un administrador de fincas

La conducta delictiva de un administrador de fincas puede materializarse en acciones, hechos u omisiones como el intrusismo, la administración desleal, la apropiación indebida, las imprudencias profesionales, la falsedad documental y la corrupción entre particulares.

• Intrusismo: es cuando el administrador de fincas se hace pasar por un profesional en esta materia sin contar con un título o documento que lo certifique. El 8 de noviembre de 2016 el Tribunal Supremo decretó que el nombre o marca “administrador de fincas” puede ser usado únicamente por profesionales colegiados en el Colegio de Administradores de Fincas y no puede ser utilizado por otras personas o asociaciones que no estén colegiados en este, evitando de esta forma crear confusión en el mercado y en los consumidores. Y es que cuando se contrata a personas sin la cualificación adecuada las posibilidades de responsabilidad civil o penal en su actuación se incrementan.
• Imprudencia profesional: son aquellas actuaciones que se cometen, por acción u omisión, y que pueden causar perjuicio en el bienestar de los comuneros. Algunas de las cuales incluso pueden terminar en graves lesiones o la muerte. Lo que debe valorarse es si esta imprudencia es grave o menor, para lo cual debe analizarse la obligación del administrado que se refleja en la Ley de Propiedad Horizontal, el incumplimiento de esa obligación o la prueba de omisión y el resultado de la misma.
• Delito de corrupción entre particulares: se produce por hechos de corrupción dentro de las relaciones comerciales para velar por el buen funcionamiento del mercado, protegerlo de la competencia y que la contratación de los servicios se realice de una manera totalmente transparente. Se trata de conductas desleales relacionadas con la apropiación de fondos de la comunidad o con asuntos en los que se haya buscado el ánimo de lucro, como pactar comisiones con empresas o profesionales a cambio de contratos.

  Lamentablemente, el pago de comisiones a un administrador en perjuicio de otro y la contratación de los servicios de un profesional en lugar de otro por la obtención de incentivos ilegales ha sido una práctica bastante frecuente durante muchos años hasta que fue incluida en el Código Penal. Y es que estas prácticas corruptas no solamente afectan a la comunidad, sino también al libre mercado y al resto de administradores.

• Falsedad documental: es la desviación de fondos comunales en beneficio propio a través de la potestad que se tiene como administrador de fincas. Generalmente se simulan actas de aprobación de cuentas de la comunidad con partidas que no coinciden con las arcas reales de la misma. En este caso se unen dos delitos, la falsedad documental y la deriva de fondos a las cuentas del administrador.

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