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ToggleDerecho inmobiliario y Coronavirus / COVID-19. Se dice que España está siguiendo las huellas de Italia en la expansión del COVID-19 pero con una semana de retraso. Pues bien, hace unos días, el gobierno de Salvini adoptaba medidas urgentes para ayudar a las familias y a las pequeñas empresas ante la crisis que está causando el coronavirus. Aprobándose así la suspensión de los pagos de impuestos, alquileres e hipotecas para aquellos que se hayan quedado sin trabajo o que hayan sido despedidos de sus empresas de manera temporal, así como aquellos que tengan una reducción de su horario laboral durante al menos un mes.
En Italia, la congelación de las hipotecas puede llegar hasta los 18 meses. Una vez transcurrida la suspensión, el pago de los plazos se reiniciará justamente donde se había interrumpido, con la misma periodicidad y los mismos importes, sin que sea necesario pagar comisiones, gastos burocráticos o aportar nuevas garantías al banco. Y, del mismo modo, las pymes podrán solicitar aplazamientos del pago de sus créditos. Un plan de medidas de choque por valor de 10 mil millones de euros.
En España, según Ada Colau, «la crisis del coronavirus debe comportar la urgente suspensión de los desahucios en toda España de personas en situación de vulnerabilidad». Con este objetivo, tanto la alcaldesa de Barcelona como el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, enviaron el pasado viernes una carta a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que tome medidas en esta dirección, solicitando una moratoria en la tramitación de los expedientes judiciales que impliquen desahucios y lanzamientos
Y es que, como explica la alcaldesa en su carta, «sólo en la capital catalana, durante las próximas semanas, tenemos previstos decenas de desalojos que afectan a personas vulnerables, muchas de ellas personas mayores o con enfermedades crónicas”. Y también que los “colectivos de riesgo requieren una especial protección por parte de las administraciones públicas”.
Por otro lado, Colau recuerda a Lesmes que países como Italia «están aprobando medidas dirigidas a suspender el pago de cuotas hipotecarias» ante las dificultades económicas a las que van a quedar expuestas las familias debido a las consecuencias generadas por la crisis del COVID-19.
Asimismo, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también reclamó el pasado viernes al Gobierno la suspensión inmediata de los pagos de las hipotecas y de los desahucios en toda España, así como una moratoria para los alquileres cuando sean a bancos y fondos de inversión, debido a la expansión del coronavirus y las medidas de emergencia aplicadas. Medidas de choque que considera que ayudarían a reducir los efectos negativos del parón de la actividad económica causados por la pandemia y que la crisis no terminen pagándola las familias. «Deben suspenderse de inmediato los pagos de las hipotecas y los desahucios en todo el país. E igual, moratoria para alquileres a bancos y fondos de inversión. Que la crisis no la paguen las familias«, ha aseverado el portavoz de Más País.
Las misivas con respecto a los lanzamientos y desahucios enviadas por Ada Colau y por Damià Calvet con respecto a los lanzamientos y desahucios obtuvieron respuesta positiva para Barcelona, siendo suspendidos todos los desahucios en la ciudad condal. Pero se espera que esta medida sea extensible al Estado. De hecho, los desahucios y lanzamientos hipotecarios han sido suspendidos también en Madrid, como pronto, hasta el 27 de marzo debido a los riesgos que conllevan en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus tanto para las propias familias afectadas como para los profesionales de la justicia.
Así pues, los objetivos de esta moratoria son, entre otros, «proteger» a los secretarios y comisiones judiciales que acuden a comunicar y ejecutar los desahucios de posibles situaciones de riesgo de contagio.
Pero además, no tiene sentido ejecutar más desahucios en plena emergencia sanitaria y cuando las autoridades recomiendan a la población que permanezca el máximo tiempo posible en sus domicilios. Sobre todo ahora que, a raíz de la declaración del Estado de Alarma por parte del Presidente del Gobierno, todos los ciudadanos españoles están obligados a salir de sus domicilio solamente en caso de necesidad.
Los activistas afirman que «si hay que pararlo todo, paremos también los desahucios» y recuerdan que no sólo implican riesgos para el personal que trabaja en los organismos judiciales, «sino también todas aquellas familias que quedan desalojadas sin alternativa habitacional adecuada, aumentado el riesgo de contagio y las consecuencias negativas para el problema existente de salud pública«.
Por otra parte, la Asociación de usuarios financieros (ASUFIN) ha solicitado al Gobierno español que realice el mismo planteamiento en temas de pago de hipotecas que se ha hecho en Italia alegando los efectos negativos que el parón de la actividad económica tendrá en nuestro país tras declarar el Estado de Alarma. Así pues, se espera que en los próximos días el Gobierno ofrezca una plan de contingencia a los autónomos, pequeñas empresas y familias, aprobando la suspensión temporal del pago de impuestos y del pago de las hipotecas. Y es que si se detiene la actividad económica será necesario aplazar los pagos también de las hipotecas.
Esta semana ya nos han solicitado 45 presupuestos de casos legales
Y ya hemos resuelto 35 casos por la vía extra judicial y judicial