Extinción de condominio IRPF 2021

Extinción de condominio IRPF 2021: características de nuestra asesoría legal y jurídica

Es recomendable desarrollar una táctica adecuada: reconocer que la copropiedad se tendrá que disolver cuando uno de los comuneros lo exija, valorar el inmueble objetivamente y proponer la venta. Además, es recomendable que cualquier acuerdo verbal sea puesto por escrito en un contrato de extinción de condominio con pacto de venta, dejando aprobado el precio y acordando quién se hará cargo de los gastos hasta que se venda.

Si se llega a un pacto entre los comuneros, es posible otorgar el inmueble a uno de ellos si paga el precio fijado por la cuota que tenía cada comunero.

Si no se obtiene respuesta o esta es la negativa a vender o que se proponga un precio de venta más bajo, la única vía que podremos tomar es la judicial. Presentaremos la requerimiento en los juzgados ejerciendo la acción de fragmentación del inmueble para la extinción de la copropiedad.

Eso sí, debes saber que si los comuneros no llegan a un acuerdo, el juez tiene la capacidad de acordar la salida de la finca a subasta para el posterior división entre los propietarios. El inconveniente es que si hay una deuda hipotecaria y no se logra sufragar con el valor de la subasta, se atacará el capital personal de los deudores o cualquier otro bien que pueda adquirir en el futuro.

Con lo cual, lo que debe primar ante todo es el sentido común. Tanto es así que aquel que se opone a vender sin ningún partición de la propiedad por un plazo concreto de menos de una década, que puede prorrogarse una vez transcurrido este tiempo.

Pongamos por ejemplo un matrimonio que ha comprado una vivienda en común. El inmueble pertenece a ambos y lo normal es que cada no tenga el 50%, aunque no se delimita si el baño o la cocina es de uno u otro. Todo es de ambos al 50%. Y del mismo modo ocurre con los hermanos que heredan la casa de sus progenitores.

El tema es que, por diversos motivos, los propietarios pueden tomar la decisión de dividir el condominio. Un proceso que puede realizarse por vía notarial cuando existe un acuerdo entre todos los copropietarios y por vía judicial cuando existe desacuerdo. La fragmentación del condominio se produce cuando el derecho de propiedad deja de practicarse de manera conjunta, ya sea porque los coeficientes pasan a manos de un solo propietario o porque la finca común deja de existir.

Casos de herencias, matrimonios y divorcios:

Aunque, en la actualidad, lo más normal es que suela hacerse por cuestiones de herencias y por procedimientos de separación y divorcio, hay otras circunstancias en las que es posible fragmentar el condominio. Por ejemplo, por desistimiento de todos los copropietarios, por la adquisición de una persona ajena, por expropiación forzosa, por la demolición del inmueble o por la segmentación del mismo.

Cuando se procede a la extinción del inmueble, se transfiere la titularidad de la propiedad del coeficiente que se tiene sobre el inmueble común, pero para que también se transfiera la situación de deudor de la hipoteca, el banco tiene que dar su consentimiento. De lo contrario, el anterior propietario seguirá siendo el titular de la deuda. Esto quiere decir que si una pareja casada se divorcia, el banco tiene que consentir el cambio para que únicamente el que se queda con la propiedad integra se refleje como titular de la deuda ante la entidad bancaria, en lugar de los dos.

No obstante, esta gestión está resultando bastante compleja en la actualidad, pues para la entidad un segundo titular es siempre un respaldo, incluso si no cuenta con ingresos fijos u otros bienes. En estos casos, lo que se hace normalmente es incluir a otro titular o sustituirlo por avalistas con recursos.

Irpf y otros impuestos:

En cuanto a los impuestos, debes saber que la partición del condominio es una solución mucho más económica en comparación con otros procesos de compra y traspaso de inmuebles como la compraventa. Y es que solamente se tributa por el Impuesto de Transmisiones de y Actos Jurídicos (ITyAJD), que varía entre el 0,5% y 1% según la Comunidad Autónoma. Pero independientemente de ello, si el valor establecido no se adecua al valor del inmueble, se considera como una ganancia patrimonial, por lo que habrá que pagar la diferencia en la declaración de la Renta.