En 2013, se instó por el ayuntamiento un expediente administrativo contra el entonces arrendatario de dicho local, al no haber renovado la licencia de funcionamiento del mismo, motivo por el cual hubo de retirarse la terraza. Tras su regularización, se tramitó nuevamente la licencia de terraza, exigiendo el Ayuntamiento una certificación o acta de la Comunidad de Propietarios que justificara expresamente la autorización para dicha instalación. Tal autorización expresa fue denegada, motivo por el cual se instó la nulidad del acuerdo, ya que la licencia de cerramiento fue autorizada por el Ayuntamiento, cuando el presente procedimiento se encontraba en trámite.
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