El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) es una institución de carácter comercial y económico de la Comunidad de Madrid, para hacer frente a las demandas prácticas y organizacionales relacionadas con la vivienda originadas de las transferencias del gobierno central a la Comunidad de Madrid.
Después de un proyecto de reorganización y reestructuración, el IVIMA actualmente es denominado como Agencia de Vivienda Social, pero su finalidad continúa siendo el de facilitar el acceso a los colectivos en mayor riesgo de marginación social. Proporcionando ayudas económicas para la rehabilitación de edificios y viviendas, prestar asesoramiento sobre consultas relacionadas con la compraventa y arrendamiento de vivienda y en general todo lo lo que tenga que ver con el sector inmobiliario.
Para cualquier gestión que necesites realizar con esta institución, en Vecindia estaremos encantados de ayudarte. Contamos con un magnífico equipo con una dilatada experiencia en Derecho Inmobiliario. Orientamos tanto a particulares como a empresas e instituciones que necesiten asistencia en trámites judiciales y extrajudiciales.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de diez años de experiencia. Tanto de forma telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Conocemos bien las preocupaciones de nuestros clientes y que no son todas iguales, por esta razón atendemos nuestros casos de forma individualizada, con mimo, agilidad y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no te tengas que preocupar de nada..
Un gran equipo de expertos con más de diez años de trabajo y más de quinientos casos solucionados con éxito.
Nuestro propósito es darte asesoramiento en cualquier consulta relacionada con el desarrollo de un alquiler, una venta o la adquisición de una vivienda, prestándote ayuda con los documentos requeridos para llevar a cabo dichas negociaciones y defender tus derechos. Pero también damos servicios de consultoría legal sobre trámites que tengan que llevarse a cabo ante la Jurisdicción Inmobiliaria, como cesiones de Títulos de Propiedad, refundaciones, registro de tributos, servidumbres o constitución de régimen de condominios, por ejemplo.
Para pedir la devolución de la fianza en el IVIMA se debe cumplimentar el modelo en el que aparece el resguardo de depósito que se entregó en su día y que contiene la declaración jurada del arrendador sobre la terminación del contrato de arrendamiento, por cualquier razón.
Si, como suele ser habitual, se ha extraviado el justificante, podrá solicitarse un duplicado, indicando además el número de cuenta para recuperar la fianza mediante transferencia bancaria. El tiempo máximo para la devolución de la fianza tras llevar a cabo esta gestión es de un mes, pero el solicitante tiene hasta 5 años para solicitarla.
En Vecindia también podemos llevar a cabo este tipo de gestiones en tu nombre, para que ahorres tiempo y te libres de engorrosos trámites que no sabes cómo o dónde realizarlos. En nuestro despacho nos encargamos de todo para que dispongas de la fianza lo antes posible.
Pero además, si al finalizar el contrato, el arrendador interpone una denuncia para exigir mensualidades adeudadas o importes parecidos, el arrendatario podrá justificar la compensación de la fianza total o parcial de las cuantías que puedan adeudarse y el arrendador puede quedarse con esta cantidad en vez de reintegrarla. Eso sí, es fundamental que se cumpla con lo reflejado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En Vecindia también podemos orientarte al respecto y realizar los trámites de forma legal si te encuentras en este tipo de situaciones.
Las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se encuentran reguladas por cada comunidad autónoma. Su objetivo es favorecer el acceso a la vivienda de las personas con unos ingresos más bajos o dificultades económicas. Para vender un piso de protección oficial, es necesario que hayan transcurrido 10 años, sin importar si se trata de propiedad del arrendador o si proviene de una herencia. De lo contrario, es necesario solicitar una licencia al Ayuntamiento para que nos conceda el permiso. Pero además, deberás retornar el importe recibido en “ayudas públicas” con intereses a lo largo de esos años.
Lo mismo sucede en el caso de que queramos arrendar una VPO, que tendrá que estar descalificada. Puedes pedir la descalificación voluntaria del inmueble, pero también tendrás que retornar todas las ayudas recibidas, ya que dejaría de ser tu primera vivienda.
Si te estás planteando vender o alquilar una vivienda de protección oficial, no dudes en ponerte en contacto con nuestro bufete. Nuestro equipo de abogados te asesorarán a lo largo de todo el proceso para evitar que tengas dificultades el día de mañana.
Heredar una casa puede ser una magnífica oportunidad, pero con la herencia también hay muchos trámites y obligaciones fiscales que requieren de cierta atención. Y es que las gestiones pueden exigir de mucho tiempo y no siempre son fáciles de solucionar, sobre todo en un trance tan complicado. Por esta razón, es aconsejable recurrir a un asesor inmobiliario o a un abogado especializado. Así, podremos saber qué medidas tomar y cómo efectuar estos trámites de manera segura, agil y eficiente.
La legislación vigente especifica que los propietarios de la Comunidad de Madrid que quieran poner en alquiler su vivienda, tienen que depositar la fianza en el IVIMA en un mes posterior a la firma del contrato. De lo contrario, te arriesgas a graves sanciones por parte de la Administración que se mueven desde el 26% al 50% de la cuantía de la fianza.
El procedimiento es diferente en cada comunidad, pero normalmente lo que debe adjuntarse es la copia del contrato de alquiler y cumplimentar una solicitud en cualquier oficina de atención al ciudadano. Pero si no tienes tiempo o no sabes cómo realizarlo, nuestros profesionales de derecho inmobiliario pueden gestionarlo todo por ti.
La inversión financiera que trae consigo la adquisición de una casa hace que sea adecuado hacerlo con las mayores garantías posibles, sobre todo si el comprador es extranjero o no no vive en España. Para escriturar un inmueble no hace falta contar con un abogado, pero sí es muy aconsejable acudir a un experto en materia urbanística e inmobiliaria para evitarnos dolores de cabeza en el futuro. Así, tendremos la posibilidad de disfrutar de consejo antes de suscribir cualquier contrato de compraventa y tener la seguridad de que todas las estipulaciones son examinadas para evitar problemas.
El equipo de Vecindia cuenta con un magnífico equipo de profesionales especializados en Derecho Inmobiliario, con la preparación necesaria para brindar un asesoramiento legal íntegro sobre cualquier tema que nuestros clientes necesiten. Dada nuestra extensa formación, estamos en disposición de atender todo tipo de asuntos. Desde Derecho Civil a Derecho Mercantil, pasando por Derecho Administrativo.
Todo depende del ámbito en el que se incluyan los intereses de nuestros clientes y de los agentes que participan en el caso, sin importar si si son profesionales de la construcción, empresas o personas particulares. De la misma manera, en algunos casos, también desarrollamos funciones dentro del ámbito del Derecho Penal, puesto que muchas veces se incurre en delitos de tipo urbanístico o inmobiliario.
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La situación de excepcionalidad y crisis sanitaria que hemos padecido a causa de la pandemia COVID-19 ha provocado el incumplimiento contractual sin intervención de dolo, culpa o voluntad unilateral de las partes contratantes, en miles de contratos: cancelaciones de vuelos, reservas hoteleras, arrendamientos, eventos, proveedores etc.
Uno de los conflictos que suele acarrear mayores quebraderos de cabeza en una comunidad de propietarios son los vecinos morosos. Muchas veces son personas que deciden dejar de pagar las cuotas mensuales como medida de presión por algún acuerdo adoptado con el que no están conformes o que consideran erróneo, o porque no se le ha dado solución para un problema que llevan sufriendo desde hace tiempo. Pero en otras ocasiones los impagos pueden estar relacionados con la falta de liquidez.
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