Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de casa construída por la administración pública española, normalmente ofertada a un coste más económico para que las personas vulnerables que no cuenten con acceso a facilidades para comprar otro tipo de vivienda o que presenten necesidades específicas puedan tener derecho a un hogar.
Cuando la vivienda se dirige a personas con recursos extremadamente bajos, suele usarse el término VPO de régimen especial. Mientras que el resto de VPO se denominan como VPO de régimen general.
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La protección de las VPO oscila entre los 15 y los 50 años. Todo depende del tipo de inmueble que se trate o de las subvenciones percibidas. No obstante, cuando ha transcurrido dicho plazo, la casa pasa a ser libre de forma automática o de oficio. Es entonces cuando pueden descalificarse voluntariamente, lo que implica el reembolso de las ayudas percibidas.
Si deseamos proceder a la descalificación voluntaria, será necesario ir a varios organismos, como la Administración que se ocupa de la Vivienda en cada región autonómica y localidad que competa. Un proceso que dura alrededor de 5 meses y hasta que no lo empecemos no podemos saber cuál es el importe exacto a reembolsar. Sin embargo, por regla general oscila entre los 0 y los 30.000 euros. Eso sí, podemos interrumpirlo cuando queramos si no nos conviene seguir adelante.
Eso sí, debes saber que no todas las viviendas de protección oficial pueden descalificarse, como por ejemplo las VPP o aquellas sujetas al Real Decreto 801-2005. Esto no significa que no podamos venderla, pero sí que tendremos que hacerlo al precio estipulado por la región autonómica en la que se localice la propiedad.
Al tratarse de pisos con un régimen especial de protección, no están a disposición de cualquiera, por lo que es obligatorio que los compradores cumplan una serie de condiciones:
Si quieres vender una vivienda de protección oficial, el valor no lo marca el mercado, sino el Gobierno. Pero además, el propietario tiene que pedir la descalificación voluntaria si quiere gestionarlo previamente a que se extinga la calificación de Protección Oficial, debiendo explicarse la razón por la que es preciso vender la vivienda, probar que ha servido como residencia usual del propietario en los últimos 5 años y que la calificación urbanística del suelo donde está emplazada lo permite.
Lo más sencillo es vender la vivienda después de una década de haber sido comprada, puesto que no es necesario ninguna condición particular ni existe obligación de reintegrar las subvenciones disfrutadas. No obstante, es fundamental consultar antes la caducidad en las escrituras, ya que hay algunas comunidades que la fijan en los 30 o incluso en los 50 años. Aunque no suele ser lo habitual.
En el caso de que arrendar una VPO, debes saber que no está permitido durante el periodo de calificación. La única salvedad es que no pueda usarse a domicilio habitual o permanente. En cuyo caso deben aplicarse las condiciones y precios del arrendamiento de vivienda de protección oficial y este únicamente podrá ofertarse a personas inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial.
Si se trata de una herencia, lo que tenemos que hacer es satisfacer el impuesto de sucesiones y realizar la entrega de la herencia ante notario. Una vez hecho esto, puede arrendarse sin superar el precio máximo marcado por la comunidad autónoma, venderla o tramitar la descalificación voluntaria.
Durante muchos años, la normativa española no especificaba que las entidades bancarias no podían aplicar una “cláusula suelo” a los préstamos hipotecarios de las VPO. debes considerar que, algunas veces, esta estipulación ni siquiera aparece en la escritura del préstamo, por lo que es recomendable echar un vistazo a los pagos de las cuotas mensuales.
El caso es que el tribunal supremo declaró esta cláusula como inválida, por lo que si tu hipoteca la incluye puedes pedir que la eliminen y que te reembolsen el dinero que se te ha cobrado de más.
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