Si eres condenado en costas en un procedimiento judicial, debes saber que estarás obligado a hacer frente al pago de las costas procesales a la parte vencedora. Pueden ser pagadas de manera voluntaria, pero si no se hace de esta manera, la parte vencedora podrá reclamar el pago mediante un procedimiento de apremio que se llevará a cabo después de la realización de un trámite liquidatorio conocido como tasación de costas.
Según la disposición adicional cuarta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, «Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados». Los Colegios tienen prohibido realizar recomendaciones sobre honorarios, no pudiendo establecer baremos orientativos ni ninguna otra norma o regla al respecto salvo lo establecido por dicha disposición. Criterios que serán igualmente válidos a la hora de calcular los honorarios o derechos que tengan que ver con la tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.
Esto quiere decir que el cálculo de tasación de costas se pacta libremente entre el cliente y el abogado. Eso sí, en caso de ganar el juicio, solamente podremos repercutir a la parte contraria la cantidad fijada en los criterios y, en caso de impugnación, es la cantidad a la que veremos reducidos los honorarios.
Por eso, es importante que se conozcan bien los criterios que se aplican las Juntas de Gobiernos de los diferentes Colegios. De esta manera, nos evitaremos impugnaciones en un procedimiento de tasación de costas o, en caso de que seamos obligados a pagarlas nosotros, podremos saber si los honorarios de la parte contraria son demasiado altos.
Los gastos del proceso se calcula en base a todo aquello que tengan que ver directa e inmediatamente con la existencia del mismo. Por su parte, las costas se refieren al desembolso de aquellos que tengan que ver con el pago de los conceptos que citamos a continuación:
La tasación de costas puede ser impugnada dentro de un plazo de diez días. Podrá basarse en que se hayan incluido en la tasación derechos, partidas o gastos indebidos. Pero también alegando que el importe de los honorarios de los peritos, abogados o profesionales no sujetos a arancel son demasiado altos.
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