Plazo para impugnar un acta de comunidad: el artículo 18 de la LPH contempla que los propietarios tienen derecho a reclamar en la junta de propietarios en aquellas ocasiones en las que no están contentos con algo que se haya pactado y realizar la impugnación de los acuerdos o actas de la comunidad de propietarios en base a tres fundamentos existentes: cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, cuando resulten lesivos para los intereses de la comunidad a favor de uno o varios vecinos y cuando damnifiquen a algún vecino que no tenga el deber legal de soportarlo o que se hayan adoptado con exceso de derecho.
Por otra parte, si en el momento de convocar o, en su caso, organizar la Junta de Propietarios, la Comunidad ha podido incumplir con lo establecido en la LPH (remisión de la convocatoria en el plazo legalmente marcado, llamamiento a todos los comuneros, celebración en tiempo y forma), puede que deba exigirse la anulación de la Junta por completo. Con el propósito de que un Juez, en caso de estimarlo oportuno, proclame inválida la polémica Junta de Propietarios; es decir, como si nunca se hubiese llevado a cabo.
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Pudiendo hacerlo los comuneros que, por cualquier motivo, hayan estado ausente de la junta, aquellos que se hayan abstenido en la junta o aquellos que hayan sido privados de la posibilidad de voto de manera indebida, siempre que se encuentren al al día en los pagos. Todos ellos cuentan con un periodo de tres meses, salvo que se trate de acuerdos contrarios a la legislación vigente o a los estatutos, en cuyo caso el plazo es de un año. Si ningún vecino impugna los convenios en estos, el pacto quedará confirmado.
Si en alguna ocasión te ha sido imposible asistir a una junta y te has informado de los pactos a través de la información publicada en el tablón de anuncios o por la copia del acta depositada en tu buzón, puede que se hayan tomado acuerdos que te incumben y con las que no estás satisfecho.
El proceso adecuado para la impugnación de acuerdos o actas de una comunidad de vecinos es a través de juicio ordinario siempre que la reclamación no esté relacionada exclusivamente con reclamaciones de dinero, en cuyo caso tendrá que gestionarse a través del proceso que sea oportuno. Se tendrá que realizar un escrito en el juzgado de primera instancia que corresponda. Para lo cual hace falta un abogado y un procurador. Se formulará la denuncia en juicio declarativo ordinario, fojando la fecha de la convocatoria de la junta de vecinos, explicando los sucesos y aportando pruebas de que se es vecino de la comunidad a través de una copia de la nota simple de registro. Todo ello tendrá que ir firmado por el abogado y por el procurador.
Las comunidades de propietarios acostumbran a plantear dificultades de funcionamiento ligados a conflictos de intereses entre los diferentes vecinos. Problemas que pueden estar vinculados a la aplicación o interpretación de lo que hay reflejado en la LPH, como el acuerdo de afrontar una derrama, dudas sobre los estatutos, la realización de reparaciones o retauraciones en el bloques, la distribución de los gastos ordinarios, el requerimiento de un procedimiento monitorio, las desigualdades de criterios en la relación de los gastos anuales, las modificaciones en la gestión y muchos más.
Podemos ayudarte con cualquier cuestión que tenga que ver con disputas entre los comuneros de un edificio. Tanto si eres tú el que quiere realizar la impugnación de los pactos y actas de la comunidad de vecinos como si eres parte demandada y encargamos de todas las gestiones para que puedas quedarte tranquilo y ahorrarte mucho tiempo en gestiones. De esta forma, podrás resolver el problema lo antes posible y evitar que se alargue en el tiempo, creando tiranteces y mal ambiente dentro de la comunidad de vecinos.
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