Plazo para impugnar acta de junta de propietarios

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    En el presente caso, nos encontramos ante una Comunidad de Propietarios (P. Ignacio Z.) en la que no se contabilizaron las 161 plazas de aparcamiento que figuraban como anejos inseparables de las viviendas. No fueron tenidas en cuenta para obtener la cuota de participación, es decir, su cuota era de 0,00%. De ésta manera, solo se repercutió la superficie de la vivienda, sin importar si aquella tenía asignada una, varias plazas de garaje, o ninguna. Lo que, cuanto menos, provocaba una situación muy injusta. La gran mayoría de los propietarios propusieron solucionar este problema sin necesidad de llegar a los Tribunales. Salvo dos de ellos, que decidieron demandar a la Comunidad y a los propietarios que defendían el actual sistema de reparto, en aras de lograr un reparto justo y que se correspondiera con la realidad.

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  • Modelo de demanda por incumplimiento de contrato de obra: causas y pasos a seguir

    El art. 1544 del Código Civil establece que "en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto". Así pues, es obligación del contratista la obtención de un resultado perfecto, sin defectos de ejecución, en los plazos y condiciones fijados.  Si se incumplen estas obligaciones, el comitente tendrá derecho a ser resarcido de los perjuicios, tal como se establece en los arts. 1100 y 1101 del Código Civil, comprendiendo tanto el daño efectivo como el lucro cesante. Pudiendo la parte perjudicada elegir entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. Pero si el cumplimiento fuera imposible, también podrá pedir la resolución incluso después de haber escogido  el cumplimiento. 

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    Sentencia favorable en caso sobre reclamación de cantidades a una Comunidad de Propietarios

    En el año 2011, tras no haber procedido la Comunidad con la urgente reparación del tejado del edificio debido a su mal estado de conservación, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, llevó a cabo diversas ejecuciones subsidiarias por procedimiento de emergencia, a consecuencia del riesgo que suponía no subsanar las deficiencia existentes en la mencionada zona común. Debido a lo anterior, la Comunidad resultaba obligada a hacer frente a la deuda que se había generado a raíz de la realización de las oportunas reparaciones, y repartirla conforme al criterio de reparto establecido en su momento.

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