El contrato de compraventa de un inmueble es el documento en el que el dueño de una casa queda obligado a cederlo al comprador como contraprestación a un importe determinado. Un pacto jurídico bilateral y convenido en el que se requieren las conformidades de ambas partes de modo que pueda llevarse a cabo la operación y la entrega de la vivienda. Sin embargo, con la firma del documento no se lleva a cabo la concesión del inmueble, sino que lo que se hace es acordar que luego tendrá lugar la entrega del mismo. Debe ser formalizado en escritura pública, tal como se refleja en el art. 1280 del Código Civil y referir la vivienda en cuestión, el número de finca y el Registro en el que está recogido. Pero también es aconsejable incorporar otros datos para favorecer su identificación, como la referencia catastral o la reseña que se muestra en el Registro. Y si la casa cuenta también con plaza de parking o trastero, entre otras prestaciones, no está de más plasmarlo.
Vender o adquirir una propiedad puede traer consigo muchos más problemas de los que habíamos tenido en cuenta. Aunque pueda parecer muy negativo, la verdad es que muchos inconvenientes pueden evitarse. Por este motivo, es recomendable contratar la asistencia de un abogado para contar con asesoramiento durante todo el proceso de compraventa de una propiedad. Realmente, contratar este tipo de servicios acarrea un gasto, pero también te será de gran ayuda para ahorrarte muchos imprevistos y tener la posibilidad de reaccionar mejor a ellos.
A continuación te explicamos algunos motivos por los que es recomendable recurrir a un abogado para la preparación y administración de contratos de compraventa:
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El contrato de compraventa es un pacto privado donde se recogen los derechos y obligaciones tanto del propietario como del comprador. Está compuesto por distintas estipulaciones y requerimientos. Tienen que agregarse los datos tanto del propietario como del comprador, la revisión del certificación de la posesión, las especificaciones del inmueble, el precio de la venta, la fecha de entrega, los impuestos y pagos y las penalizaciones.
Principales puntos: el contrato debe incluir una reseña minuciosa del inmueble y sus anexos, sus metros útiles, su situación geográfica y datos sobre las zonas comunitarias. Además, deben plasmarse los datos registrales de la propiedad y las posibles deudas que la pueden gravar, y el estado de los pagos de impuestos y otros gastos.
Importe y distribución de costes: también deberán recogerse todas las cláusulas de la compraventa, como el precio del inmueble y el modo de pago, a quién compete cada gasto de la operación o la fecha de cesión de la propiedad. Además del intervalo para hacer llegar la escritura pública, los requerimientos de subrogación de hipoteca si si la hubiera y las sanciones que conllevaría si el contrato se quebrantara.
Escritura pública: a pesar de que el contrato de compraventa se haya firmado, el comprador no es propietario legal hasta que el notario lo eleve a escritura pública. En esta se recoge la última verificación de el estado registral de la finca que gestiona el notario así como la verificación de las deudas que existen sobre el inmueble. Así como el comprobante de pago del IBI, las obligaciones fiscales originados de la compra, la sujeción a las condiciones legales y deberes fiscales y el reparto de costes de la compra.
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Es obligación de cada copropietario de una finca en régimen de propiedad horizontal contribuir al sostenimiento de los elementos y zonas comunes del inmueble en proporción a su cuota de participación, tal y como se recoge en el art. 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal. En los últimos años la Ley ha experimentado […]
Nuestro cliente, una mercantil, había suscrito un contrato de arrendamiento sobre un local propiedad de otra empresa. La propietaria del local, incluso de manera previa a la formalización del contrato, autorizó a nuestra representada para la realización de las obras que se estimasen oportunas, para lograr la adaptación del mismo a la actividad que pretendía desarrollar. Sin embargo, una vez iniciadas las referidas obras por parte de nuestra cliente, la Comunidad de Propietarios donde se encontraba situado el local instó la inmediata paralización de las mismas. Por este motivo, y debido a la imposibilidad de adaptar el local a las necesidades de nuestra representada, ambas partes de mutuo acuerdo suscribieron un documento acordando la resolución anticipada del contrato de arrendamiento, renunciando la arrendadora a exigir cualquier tipo de penalización. En el mismo momento en el que se formalizó el mencionado documento, nuestra mandante puso el local arrendado a disposición de su propietaria, quien verificó el estado de este. En virtud del referido documento, de la Ley de Arrendamientos Urbanos y del propio contrato de arrendamiento, la parte arrendadora debía restituir a nuestra representada el importe entregado por ésta en concepto de fianza; más concretamente, 9.600 euros. Sin embargo, la propietaria, alegando que la arrendataria no había respetado el plazo mínimo de una anualidad estipulado en el contrato, incumplió su obligación de restituir la precitada cantidad.
Como ya sabrás, para poder alquilar una vivienda con fines turísticos, es necesario cumplir con los requisitos que establece la legalidad vigente. El nuevo decreto exige una licencia de primera ocupación para viviendas turísticas o documento equivalente. También conocida como «Cédula de Habitabilidad», es un documento que emiten los Ayuntamientos una vez que se ha […]
En muchas comunidades de propietarios disponen de un solo contador de agua, cuyo importe se incluye dentro de la cuota mensual de la comunidad. Una situación que puede suponer una importante fuente de conflictos entre los vecinos. Y no sólo porque hay casas con más miembros que otras o porque, al ser algo común, se mire menos por el ahorro, sino también porque algunos vecinos pueden aprovecharse de la situación y dejar de pagar la cuota, disfrutando de agua gratis y de otros servicios comunes, mientras que el resto ve como se ven obligados a pagarle el agua al propietario moroso.
