En Vecindia contamos con un equipo de abogados con una elevada formación en la legalidad y la gestión de comunidades de propietarios que os ayudarán a simplificar la gestión de la comunidad para preservar la finca a través de las medidas adecuada para el correcto mantenimiento y la estricta gestión económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, información, seguridad y transparencia.
Gracias al uso de las herramientas tecnológicas, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, el resto de propietarios, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a una auditoría las cuentas de la comunidad de propietarios para comprobar la conciliación bancaria y gestionar las posibles incidencias que puedan surgir para reducir los márgenes de error y el tiempo de respuesta.
Además, realizamos las gestiones que sean necesarias ante los organismo públicos, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la presentación de los modelos trimestrales en la Hacienda Pública de las cuentas de la comunidad de propietarios, las peticiones ante los correspondientes ayuntamiento y la solicitud de las licencias necesarias. Y es que no es pocas ocasiones las comunidades de vecinos deben interactuar con las administraciones públicas: como es el caso de solicitar subvenciones, realizar arreglos de fachadas, afrontar posibles sanciones, presentar requerimientos, etc.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El día a día de una comunidad de propietarios puede dar lugar a numerosos conflictos provocados, en algunos casos, por la falta de entendimiento entre los vecinos y por el desconocimiento de la Ley de Propiedad Horizontal y, en otros casos, por las discordias generadas por la falta de confianza en los órganos de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas suele ser un sector opaco y poco transparente, por lo que casi todos los días se descubren fraudes y malas prácticas en la gestión de las cuentas de la comunidad por parte de dichos administradores que hacen que los vecinos deban pagar un sobrecoste por los mismos servicios. Por eso, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más habitual de lo que imaginas.
Las comunidades de propietarios que solamente realicen actividades propias de su naturaleza, no están obligadas a llevar la contabilidad y a formular cuentas anuales a efectos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, seguirá el criterio que considere más adecuado para reflejar su situación financiera.
Por esta razón, en el caso de que se quiera llevar a cabo una auditoría de las cuentas de la comunidad de propietarios, no es necesario que dicha revisión sea realizada expresamente por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que posea conocimientos y la experiencia adecuadas en el ámbito del funcionamiento de las comunidades de vecinos, como puede ser un abogado. Eso sí, el informe emitido no podrá identificarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá generar confusión respecto a que se trata de un trabajo de revisión y no de auditoría como tal.
Cualquier vecino puede solicitar una auditoría de las cuentas, pero tendrá que aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los vecinos aprueban la realización del informe, se llevará a cabo y será abonado por la totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se detecten irregularidades, es posible denunciar al administrador de la finca o quién realice sus funciones.
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El Código Penal español recoge el delito de estafa en la Sección Primera del Capítulo VI del Título XIII, concretamente en el art. 248. «…Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno…». ¿Qué considera la […]
Real Decreto sobre cláusulas de suelo: como sabrás, cuando en una hipoteca aparece una cláusula suelo, se puede intentar declarar su nulidad por considerarse abusiva, alegando infracción de numerosa normativa. Pero para invocar esta normativa de protección de consumidores, el primer requisito que se exige es que el demandante tenga la condición de consumidor o usuario. El objetivo del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, es facilitar la devolución de las cantidades satisfechas de forma indebida por el consumidor a las entidades bancarias en aplicación de ciertas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
El pasado 2 de mayo se publicó en el BOE la Orden SND/385/2020, por la cual se modifica la Orden anterior SND/340/2020, que suspendía ciertas actividades vinculadas a las obras de intervención en los edificios existentes, en las que había riesgo de contagio por el coronavirus con las personas no relacionadas con ellas. Desde el 4 de mayo se permite la realización de obras en viviendas, locales y zonas no habitadas de los edificios, en las que no accedan las personas que residan o trabajen en ellos. Además, se autoriza el acceso de a las redes del inmueble y a las instalaciones de manera puntual, con la finalidad de que se lleven a cabo las conexiones a las mismas. Por regla general, desde la perspectiva de la comunidad de propietarios se requiere que la empresa encargada de las obras notifique sus normas y plan de trabajo en función de lo recogido en el BOE, previamente a la realización o continuación de cualquier tipo de obra en un edificio habitado. Dichas normas tienen que ser comunicadas a los dueños de la vivienda para evitar contactos entre los residentes del inmueble y los operarios de las obras.
Modelo de demanda por vicios ocultos en una vivienda: Los vicios ocultos de una vivienda son aquellos defectos que son imposibles de detectar a simple vista en el momento de la compraventa. Es decir, aquellos defectos de cierta gravedad que impiden su uso o disfrute completo, que no llegan a inutilizarla pero que dan derecho […]
