Abogados IRPH Palafrugell

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  • Ley de desalojo de okupas: ¬Ņcu√°les son los derechos de ambas partes?

    Ley de desalojo de okupas, derechos de ambas partes: en los √ļltimos a√Īos, la ocupaci√≥n ilegal de viviendas ha ido en aumento en Espa√Īa. Se calcula que alrededor de 87.000 viviendas se encuentran actualmente ocupadas en Espa√Īa de manera ilegal y que hasta en otros 100.000 casos los propietarios no denuncian por coacci√≥n. Adem√°s, la proliferaci√≥n de mafias en este terreno ha hecho que los okupas ya no sean solamente familias sin recursos y que cada vez haya m√°s viviendas ocupadas en urbanizaciones de lujo.

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    Sentencia favorable en un caso sobre nulidad de acuerdo en Junta General Extraordinaria en Comunidad de Propietarios por parte de local comercial

    Nuestro cliente, propietario de un local comercial, pretend√≠a instar la nulidad de un acuerdo adoptado en una Junta General Extraordinaria celebrada por su Comunidad de Propietarios. El mismo acordaba lo siguiente: ‚ÄúSe acuerda que al objeto de evitar estas discusiones y exigir futuras responsabilidades, quede prohibido que los propietarios de los locales modifiquen el estado actual del exterior del inmueble, instalen estructuras que perjudiquen los petos y cualquier instalaci√≥n que afecte a la impermeabilizaci√≥n de la cubierta. Cualquier actuaci√≥n que se realice debe ir con la previa autorizaci√≥n de la Comunidad de Propietarios‚ÄĚ.

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    Sentencia favorable en un caso de demanda contra comunidad de vecinos por plazas de aparcamiento

    En el presente caso, nos encontramos ante una Comunidad de Propietarios (P. Ignacio Z.) en la que no se contabilizaron las 161 plazas de aparcamiento que figuraban como anejos inseparables de las viviendas. No fueron tenidas en cuenta para obtener la cuota de participación, es decir, su cuota era de 0,00%. De ésta manera, solo se repercutió la superficie de la vivienda, sin importar si aquella tenía asignada una, varias plazas de garaje, o ninguna. Lo que, cuanto menos, provocaba una situación muy injusta. La gran mayoría de los propietarios propusieron solucionar este problema sin necesidad de llegar a los Tribunales. Salvo dos de ellos, que decidieron demandar a la Comunidad y a los propietarios que defendían el actual sistema de reparto, en aras de lograr un reparto justo y que se correspondiera con la realidad.

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