Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de vivienda promovida por la administración pública española, generalmente vendida a un precio más asequible para que las personas con menos recursos que no tengan acceso a facilidades para comprar otro tipo de casa o que presenten necesidades especiales puedan tener derecho a un lugar donde vivir.
Cuando el inmueble se dirige a personas con recursos muy bajos, suele usarse el término VPO de régimen especial. Mientras que los demás VPO se denominan como VPO de régimen general.
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La protección de las VPO varía entre los 15 y los 50 años. Todo depende del tipo de inmueble que sea o de las ayudas recibidas. No obstante, cuando ha transcurrido dicho periodo, la vivienda pasa a ser libre de manera automática o de oficio. Es entonces cuando pueden descalificarse voluntariamente, lo que conlleva la devolución de las ayudas percibidas.
Si deseamos realizar la descalificación voluntaria, tendremos que acudir a varios organismos, como la Administración que se ocupa de la Vivienda en cada comunidad autonómica y localidad que corresponda. Un procedimiento que dura unos 5 meses y hasta que no lo empecemos no es posible saber cuál es el importe exacto a reembolsar. No obstante, por regla general oscila entre los 0 y los 30.000 euros. Eso sí, podemos interrumpirlo en cualquier momento si no nos interesa continuar adelante.
Eso sí, debes saber que no todas las VPO pueden descalificarse, como por ejemplo las VPP o las que están supeditadas al Real Decreto 801-2005. Esto no significa que no tengamos posibilidad de venderla, pero sí que tendremos que hacerlo al valor estipulado por la Comunidad Autónoma en la que se ubique la propiedad.
Al ser casas con un régimen especial de protección, no están a disposición de cualquiera, por lo que es obligatorio que los compradores reúnan una serie de condiciones:
Si quieres vender una vivienda de protección oficial, el valor no lo pauta el mercado, sino el Gobierno. Pero además, el propietario debe pedir la descalificación voluntaria si quiere gestionarlo previamente a que se extinga la calificación de Protección Oficial, teniendo que argumentarse el motivo por el que es preciso vender la vivienda, demostrar que ha servido como residencia usual del dueño en los últimos 5 años y que la denominación urbanística del suelo donde está emplazada lo permite.
Lo más sencillo es vender la casa después de los 10 años de haber sido adquirida, ya que no necesita ningún requisito especial ni hay obligación de restituir las ayudas recibidas. No obstante, es importante consultar antes la caducidad en las escrituras, ya que hay algunas comunidades que la marcan en los 30 o incluso en los 50 años. Aunque no suele ser lo habitual.
Si quisieras alquilar una VPO, hay que tener en cuenta que no está permitido durante el plazo de calificación. La única salvedad es que no pueda utilizarse a residencia habitual o permanente. En cuyo caso deben aplicarse las condiciones y valores del alquiler de vivienda de protección oficial y este únicamente podrá ofrecerse a personas incluidas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial.
Si es una herencia, lo que debemos hacer es liquidar el impuesto de sucesiones y llevar a cabo la adjudicación de la herencia ante notario. Una vez hecho esto, puede alquilarse sin exceder el precio máximo fijado por la comunidad autónoma, venderla o tramitar la descalificación voluntaria.
Durante muchos años, la normativa española no reflejaba que las entidades bancarias no podían añadir una “cláusula suelo” a los préstamos hipotecarios de las VPO. Hay que tener en cuenta que, algunas veces, esta estipulación ni siquiera aparece en la escritura del préstamo, por lo que es aconsejable echar un vistazo a los pagos de las cuotas mensuales.
La cuestión es que el tribunal supremo declaró esta cláusula como nula, por lo que si tu préstamo hipotecario la incluye puedes solicitar que la excluyan y que te reembolsen el dinero que has pagado de más.
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