Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de vivienda promovida por la administración pública española, generalmente ofertada a un precio más económico para que las personas vulnerables que no cuenten con acceso a facilidades para adquirir otro tipo de casa o que presenten necesidades específicas puedan tener derecho a un hogar.
Cuando la vivienda se dirige a personas con recursos extremadamente bajos, suele aplicarse el término VPO de régimen especial. Mientras que los demás VPO son denominados como VPO de régimen general.
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La protección de las VPO varía entre los 15 y los 50 años. Todo depende de la tipología de vivienda que sea o de las subvenciones recibidas. Sin embargo, cuando ha pasado dicho periodo, la casa pasa a ser libre de manera automática o de oficio. Es en este momento cuando pueden descalificarse voluntariamente, lo que implica el reembolso de las subvenciones.
Si deseamos llevar a cabo la descalificación voluntaria, será necesario acudir a varios organismos, como la Administración que se ocupa de la Vivienda en cada comunidad autonómica y localidad que competa. Un procedimiento que dura en torno a 5 meses y hasta que no lo iniciemos no es posible saber cuál es el importe preciso a reembolsar. No obstante, por regla general varía entre los 0 y los 30.000 euros. Eso sí, podemos interrumpirlo cuando queramos si no nos interesa seguir adelante.
Eso sí, hay que tener en cuenta que que no todas las viviendas de protección oficial pueden descalificarse, como es el caso de las VPP o aquellas sujetas al Real Decreto 801-2005. Esto no quiere decir que no tengamos posibilidad de venderla, pero sí que tendremos que hacerlo al valor marcado por la región autonómica en la que se ubique el inmueble.
Al ser casas con un régimen especial de protección, no son accesibles para cualquier persona, por lo que es obligatorio que los compradores reúnan una serie de requisitos:
Si tienes la intención de vender una casa de protección oficial, el precio no lo marca el mercado, sino la Administración. Pero además, el propietario debe pedir la descalificación voluntaria si desea gestionarlo previamente a que se extinga la calificación de Protección Oficial, debiendo explicarse la razón por la que es preciso vender la vivienda, demostrar que ha servido como residencia usual del dueño en los últimos 5 años y que la denominación urbanística del suelo sobre el que está emplazada lo autoriza.
Lo más fácil es vender la casa después de una década de haber sido adquirida, ya que no precisa de ningún requisito particular ni hay obligación de reintegrar las subvenciones recibidas. Sin embargo, es importante consultar antes la caducidad en las escrituras, puesto que existen algunas comunidades que la establecen en los 30 o incluso en los 50 años. Aunque no suele ser lo normal.
Si quisieras alquilar una VPO, debes saber que no se permite durante el periodo de calificación. La única salvedad es que no pueda usarse a residencia habitual o permanente. En cuyo caso deben aplicarse las condiciones y valores del arrendamiento de vivienda de protección oficial y este solamente podrá ofrecerse a personas incluidas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial.
Si es una herencia, lo que debemos hacer es liquidar el impuesto de sucesiones y realizar la adjudicación de la herencia ante notario. Una vez hecho esto, puede arrendarse sin exceder el precio máximo marcado por la comunidad autónoma, venderla o tramitar la descalificación voluntaria.
Durante muchos años, la normativa española no especificaba que las entidades bancarias no podían añadir una “cláusula suelo” a los préstamos hipotecarios de las VPO. Hay que considerar que, algunas veces, esta estipulación ni siquiera aparece en la escritura del préstamo, por lo que es aconsejable echar un vistazo a los pagos de las mensualidades.
El caso es que el tribunal supremo declaró esta cláusula como inválida, por lo que si tu préstamo hipotecario la incluye puedes solicitar que la excluyan y que te reembolsen el importe que se te ha cobrado de más.
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