Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de vivienda promovida por la administración pública española, generalmente vendida a un precio más bajo para que las personas vulnerables que no cuenten con acceso a facilidades para adquirir otro tipo de casa o que cuenten con necesidades específicas puedan disfrutar de un lugar donde vivir.
Cuando la vivienda se dirige a personas con ingresos extremadamente bajos, suele aplicarse el término VPO de régimen especial. Mientras que el resto de VPO se denominan como VPO de régimen general.
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La protección de las VPO oscila entre los 15 y los 50 años. Todo depende de la tipología de inmueble que se trate o de las ayudas recibidas. No obstante, cuando ha transcurrido dicho plazo, la vivienda pasa a ser libre de forma automática o de oficio. Es en este momento cuando pueden descalificarse de manera voluntaria, lo que implica el reembolso de las cantidades recibidas.
Si deseamos realizar la descalificación voluntaria, tendremos que ir a varios organismos, como la Administración que se ocupa de la Vivienda en cada comunidad autonómica y municipio que competa. Un proceso que dura alrededor de 5 meses y hasta que no lo iniciemos no podemos saber cuál es el valor exacto a reembolsar. No obstante, normalmente varía entre los 0 y los 30.000 euros. Eso sí, podemos interrumpirlo en cualquier momento si no nos conviene continuar adelante.
En cualquier caso, hay que saber que no todas las viviendas de protección oficial pueden descalificarse, como por ejemplo las VPP o aquellas sujetas al Real Decreto 801-2005. Esto no quiere decir que no tengamos posibilidad de venderla, pero sí que tendremos que hacerlo al valor marcado por la Comunidad Autónoma en la que se ubique la propiedad.
Al tratarse de viviendas con un régimen especial de protección, no son accesibles para cualquiera, por lo que es necesario que los compradores reúnan una serie de condiciones:
Si tienes la intención de vender una casa de protección oficial, el valor no lo establece el mercado, sino el Gobierno. Pero además, el propietario tiene que pedir la descalificación voluntaria si desea hacerlo previamente a que se extinga la calificación de Protección Oficial, teniendo que especificarse el motivo por el que es necesario vender la vivienda, demostrar que ha servido como vivienda usual del dueño en los últimos 5 años y que la denominación urbanística del suelo donde se encuentra emplazada lo permite.
Lo más fácil es vender la casa después de una década de haber sido adquirida, ya que no es necesario ninguna condición particular ni hay obligación de restituir las ayudas disfrutadas. Sin embargo, es fundamental consultar antes la caducidad en las escrituras, ya que existen algunas regiones que la marcan en los 30 o incluso en los 50 años. Aunque no suele ser lo habitual.
Si quisieras alquilar una VPO, debes tener en cuenta que no se permite durante el periodo de calificación. La única salvedad es que no pueda usarse a domicilio habitual o permanente. En cuyo caso deben aplicarse las condiciones y precios del alquiler de vivienda de protección oficial y este únicamente podrá ofrecerse a personas inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial.
Si es una herencia, lo que debemos hacer es satisfacer el impuesto de sucesiones y realizar la entrega de la herencia ante notario. Cuando hayamos hecho esto, puede alquilarse sin superar el valor máximo pautado por la comunidad autónoma, venderla o realizar la descalificación voluntaria.
Durante mucho tiempo, la normativa española no reflejaba que las entidades bancarias no podían añadir una “cláusula suelo” a los préstamos hipotecarios de las VPO. Hay que considerar que, en algunos casos, esta cláusula ni siquiera aparece en la escritura del préstamo, por lo que es aconsejable echar un vistazo a los recibos de las cuotas mensuales.
El caso es que el tribunal supremo marcó esta cláusula como nula, por lo que si tu préstamo hipotecario la tiene puedes pedir que la quiten y que te devuelvan el importe que has pagado de más.
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Me han vendido una casa sin cédula de habitabilidad: Que una vivienda esté habitada no quiere decir que cumpla con la legislación de habitabilidad. Los ayuntamientos de las distintas localidades españolas establecen un criterio de control fiable para garantizar que las viviendas cumplen con una serie de requisitos reales para asegurar que pueden ser habitadas por personas en condiciones de seguridad, higiene y salubridad.
Tal como se establece en el art. 9.1.e de La Ley de Propiedad Horizontal “es obligación del propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptible de individualización”.
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