Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un tipo de casa promovida por el Gobierno, generalmente vendida a un precio más asequible para que las personas vulnerables que no cuenten con acceso a facilidades para adquirir otro tipo de vivienda o que presenten necesidades especiales puedan disfrutar de un lugar donde vivir.
Cuando la vivienda se destina a personas con ingresos extremadamente bajos, suele utilizarse el término VPO de régimen especial. Mientras que el resto de VPO se denominan como VPO de régimen general.
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La protección de las VPO varía entre los 15 y los 50 años. Todo depende de la tipología de vivienda que se trate o de las subvenciones percibidas. No obstante, cuando ha transcurrido dicho plazo, la vivienda pasa a ser libre de manera automática o de oficio. Es en este momento cuando pueden descalificarse voluntariamente, lo que conlleva la devolución de las ayudas percibidas.
Si queremos proceder a la descalificación voluntaria, será necesario acudir a varios organismos, entre ellos la Administración que se ocupa de la Vivienda en cada región autonómica y municipio que corresponda. Un proceso que dura unos 5 meses y hasta que no lo empecemos no podemos saber cuál es el valor exacto a devolver. Sin embargo, por norma general varía entre los 0 y los 30.000 euros. Eso sí, es posible interrumpirlo cuando queramos si no nos conviene continuar adelante.
Eso sí, hay que saber que no todas las viviendas de protección oficial pueden descalificarse, como por ejemplo las VPP o aquellas supeditadas al Real Decreto 801-2005. Esto no quiere decir que no podamos venderla, pero sí que tendremos que hacerlo al precio estipulado por la región autonómica en la que se localice la propiedad.
Al tratarse de casas con un régimen especial de protección, no están a disposición de cualquier persona, por lo que es necesario que los compradores reúnan una serie de requisitos:
Si tienes la intención de vender una vivienda de protección oficial, el precio no lo establece el mercado, sino el Gobierno. Pero además, el propietario debe solicitar la descalificación voluntaria si desea gestionarlo previamente a que caduque la certificación de Protección Oficial, teniendo que especificarse la razón por la que es preciso vender la vivienda, probar que ha sido la vivienda usual del dueño en los últimos 5 años y que la denominación urbanística del suelo sobre el que está situada lo autoriza.
Lo más sencillo es vender la vivienda tras una década de haber sido comprada, ya que no es necesario ningún requisito especial ni hay obligación de reintegrar las subvenciones disfrutadas. Sin embargo, es fundamental consultar antes el plazo en las escrituras, puesto que existen algunas comunidades que la pautan en los 30 o incluso en los 50 años. Aunque no suele ser lo normal.
Si quisieras alquilar una VPO, hay que saber que no está permitido durante el periodo de calificación. La única excepción es que no pueda utilizarse a residencia habitual o permanente. En cuyo caso se aplicarán las condiciones y precios del arrendamiento de vivienda de protección oficial y este solamente podrá ofertarse a personas inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda de protección oficial.
Si se trata de una herencia, lo que debemos hacer es satisfacer el impuesto de sucesiones y llevar a cabo la adjudicación de la herencia ante notario. Una vez hecho esto, puede alquilarse sin exceder el precio máximo pautado por la comunidad autónoma, venderla o tramitar la descalificación voluntaria.
Durante muchos años, la legislación española no reflejaba que los bancos no podían añadir una “cláusula suelo” a los préstamos hipotecarios de las VPO. Hay que considerar que, algunas veces, esta estipulación ni siquiera aparece en la escritura del préstamo, por lo que es recomendable revisar los pagos de las cuotas mensuales.
El caso es que el tribunal supremo declaró esta cláusula como inválida, por lo que si tu hipoteca la incluye puedes solicitar que la eliminen y que te devuelvan el importe que se te ha cobrado de más.
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Modelo de denuncia por ruidos molestos. Cualquier tipo de ruido vecinal, ya sean los ladridos de los perros, la música alta o una fiesta, se encuentran regulados por la legislación autonómica y las normativas de cada municipio. Cuando se trata de ruidos insoportables que requieren de una actuación urgente, lo mejor es llamar a la policía municipal para que acuda rápidamente y realice una inspección.
