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ToggleLey de Propiedad Horizontal en Cataluña. En España, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es la legislación que se encarga de regular la convivencia y la gestión de las comunidades de propietarios, abordando cuestiones como las cuotas de la comunidad, el uso de zonas comunes y las decisiones que se toman en juntas.
Sin embargo, en Cataluña, a lo largo de los últimos años, esta normativa ha sido objeto de importantes modificaciones para adaptarse a las nuevas necesidades de sostenibilidad y eficiencia energética de los edificios, facilitando la implementación de energías renovables y favoreciendo el acceso a ayudas públicas para este tipo de obras.
Si quieres saber más sobre cómo afecta la Ley de Propiedad Horizontal en Cataluña a tu comunidad, qué diferencias existen con los estatutos y qué cambios ha introducido la Generalitat, sigue leyendo.
El Decreto Ley 28/2021 establece un marco normativo que permite a las comunidades de propietarios llevar a cabo reformas y proyectos destinados a mejorar la sostenibilidad, eliminando así los obstáculos legales.
Un cambio de enfoque que se ajusta perfectamente a las políticas europeas diseñadas para combatir el cambio climático y garantizar la transición hacia energías más limpias.
De esta forma, las comunidades de propietarios pueden llevar a cabo las obras de eficiencia energética e instalar los sistemas de energías renovables que sean necesarios, beneficiándose de los fondos europeos “Next Generation”. De los cuales, más de 186 millones de euros están destinados a la comunidad de Cataluña.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es que se permite que, en lugar de la mayoría cualificada que se necesitaba antes para aprobar las decisiones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética, ahora solamente se requiera una mayoría simple de propietarios. De esta forma, resulta más fácil tomar acuerdos y realizar las obras.
Además, si la comunidad necesita financiación para cubrir los gastos de las reformas, el acuerdo también puede aprobarse por mayoría simple. No obstante, si el plazo de amortización supera los quince años, se requiere una mayoría cualificada de 4/5 de los propietarios que a su vez representan los 4/5 de las cuotas de participación.
La ley establece un límite en la contribución de los propietarios disidentes. Si el gasto para la ejecución de las obras supera el 75% del presupuesto anual de la comunidad después de que las subvenciones y ayudas públicas hayan sido aplicadas, los propietarios que votaron en contra de la obra no estarán obligados a asumir el coste.
Por último, si una instalación privativa de un propietario no es compatible con las nuevas infraestructuras o sistemas energéticos de la comunidad, prevalecerá el interés general, aunque será la comunidad la que deberá hacerse cargo de los costes de la retirada de la instalación privada y de indemnizar al propietario por los daños ocasionados.
La Ley de Propiedad Horizontal también establece las bases legales para la convivencia y gestión de las comunidades de propietarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada comunidad tiene sus características particulares que pueden requerir normas adicionales para regular ciertos aspectos más específicos.
Es aquí donde entran en escena los Estatutos de la comunidad, el conjunto de normas internas que los propietarios de un edificio establecen para regular aspectos concretos de su convivencia.
La principal diferencia entre los Estatutos y la Ley de Propiedad Horizontal es que esta última tiene un carácter más general y prevalece sobre los primeros. Esto quiere decir que cualquier norma establecida en los estatutos de la comunidad no puede contradecir lo que establece la ley. Por ejemplo, si la ley establece que las obras que afecten a las zonas comunes requieren una mayoría cualificada, los estatutos no pueden cambiar este requisito.
Algunos de los aspectos que pueden ser regulados por los Estatutos son los siguientes:
La Ley de Propiedad Horizontal plantea diversas preguntas entre los propietarios. A continuación, responderemos algunas de las más comunes.
En la LPH, las terrazas pueden ser de uso común o privativo. Si una terraza es de uso privativo, el propietario puede hacer reformas sin necesidad de pedir permiso, siempre que no afecten a la estructura del edificio. Sin embargo, si la terraza es de uso común, cualquier obra necesitará la aprobación de la comunidad, generalmente con una mayoría de votos.
En cuanto a las plazas de garaje, la ley establece que aunque el garaje sea una zona común, las plazas asignadas o vendidas a propietarios se consideran de uso privativo. Los propietarios tienen derecho a usar exclusivamente su plaza, pero deben contribuir a los gastos comunes del garaje, como el mantenimiento y las reparaciones.
Si se quiere instalar una chimenea o un extractor de humos que afecte a la fachada o zonas comunes del edificio, se necesita la aprobación de la mayoría cualificada de los propietarios. Si la salida de humo es en una zona privativa y no afecta a la estética ni a la seguridad del edificio, no es necesario el permiso de la comunidad.
Las cuotas de la comunidad son esenciales para el mantenimiento del edificio y el cumplimiento de las normas establecidas. Si un propietario no paga las cuotas, puede enfrentarse a sanciones que van desde el embargo de la propiedad hasta acciones legales.
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