Impugnar acta de vecinos: el art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge que los propietarios pueden reclamar en la junta de propietarios cuando no están contentos con algo que se haya acordado y realizar la impugnación de los acuerdos o actas de la comunidad de vecinos teniendo en cuenta tres causas existentes: cuando contradigan la normativa legal o a los estatutos de la comunidad, cuando sean lesivos para los intereses de la comunidad a favor de uno o varios propietarios y cuando damnifiquen a algún vecino que no esté obligado legalmente a soportarlo o que se hayan adoptado con exceso de derecho.
Por otra parte, si en el momento de anunciar o, en su caso, celebrar la Junta de Propietarios, la Comunidad ha podido faltar a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal (remisión de la convocatoria en el plazo oficialmente establecido, llamamiento a todos los propietarios, celebración en tiempo y forma), es posible que deba solicitarse la revocación de la Junta en su totalidad. Con el propósito de que un Juez, en caso de valorarlo oportuno, proclame inválida la polémica Junta de Propietarios; esto es, como si nunca se hubiese llevado a cabo.
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Pudiendo hacerlo los comuneros que, por cualquier causa, no hayan podido asistir a la convocatoria, los que se hayan abstenido en la junta o los que hayan sido privados de la posibilidad de voto de manera indebida, siempre que se encuentren al al corriente de pago. Todos ellos cuentan con un plazo de tres meses, a menos que sean actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso tendrán un año. Si ningún vecino impugna los acuerdos en estos, el pacto quedará confirmado.
Si alguna vez no has podido acudir a una junta y te has informado de los acuerdos por medio de un acta publicada en el tablón de anuncios o por la copia del acta echada en tu buzón, es posible que se hayan tomado decisiones que te incumben y con las que no estás contento.
El procedimiento adecuado para la impugnación de acuerdos o actas de una comunidad de propietarios es mediante juicio ordinario siempre que la reclamación no esté relacionada únicamente con requerimientos de dinero, en cuyo caso deberá gestionarse a través del procedimiento que sea oportuno. Se deberá poner un escrito en el juzgado de primera instancia que corresponda. Para lo cual es necesario un abogado y un procurador. Se preparará la demanda en juicio declarativo ordinario, marcando la fecha de la convocatoria de la junta de propietarios, describiendo los hechos y aportando pruebas de que se es propietario de la comunidad a través de una copia de la nota simple de registro. Todo ello deberá ir firmado por el abogado y por el procurador.
Las comunidades de propietarios suelen plantear dificultades de funcionamiento ligados a conflictos de intereses entre los diferentes vecinos. Enfrentamientos que pueden tener que ver con la aplicación o interpretación de lo que hay fijado en la LPH, como el acuerdo de soportar una derrama, dudas sobre los estatutos, la realización de obras o retauraciones en el bloques, el reparto de los presupuestos, la reclamación de un procedimiento monitorio, las desigualdades de pautas en la lista de las cuentas anuales, los cambios en la administración y muchos más.
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