El contrato de compraventa de un inmueble es el documento en el que el poseedor de una casa queda obligado a cederlo al comprador a cambio de un coste determinado. Un acuerdo jurídico bilateral y consensuado donde se necesitan las voluntades de ambas partes con el objetivo de que pueda producirse el procedimiento y la concesión de la vivienda. No obstante, con la firma del contrato no se hace efectiva la concesión del inmueble, sino que lo que se hace es acordar que después tendrá lugar la entrega del mismo. Debe ser formalizado en escritura pública, tal como se establece en el art. 1280 del Código Civil y referir la propiedad en cuestión, el número de finca y el Registro donde está recogido. Pero también es recomendable agregar otros datos para favorecer su identificación, como la referencia del catastro o la descripción que refleja en el Registro. Y si la vivienda cuenta también con parking o trastero, entre otras prestaciones, no está de más dejarlo por escrito.
A continuación te damos algunos motivos por los que se recomienda recurrir a un abogado para la preparación y administración de contratos de compraventa:
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El contrato de compraventa es un acuerdo privado en el que se recogen los derechos y obligaciones tanto del propietario como del comprador. Está compuesto por diferentes estipulaciones y requerimientos. Tienen que añadirse los datos tanto del vendedor como del comprador, la revisión del certificación de la posesión, las especificaciones del inmueble, el coste de la venta, la fecha de entrega, los impuestos y pagos y las penalizaciones.
Principales puntos: el contrato debe recoger una descripción detallada de la propiedad y sus anexos, sus metros útiles, su emplazamiento y datos sobre las zonas comunitarias. Además, deben reflejarse la información registral de la casa y las posibles deudas que la pueden gravar, y el estado de los pagos de impuestos y otros gastos.
Precio y distribución de gastos: también deberán reflejarse todas las condiciones de la transacción, como el coste de la vivienda y el método de pago, a quién afecta cada gasto de la compra o el momento de entrega de las llaves. Así como el plazo para hacer llegar la escritura pública, los requerimientos de subrogación de hipoteca si existiera y las sanciones que traería consigo si el contrato se quebrantara.
Escritura pública: aunque el contrato de compraventa se haya firmado, el comprador no es propietario legal hasta que el notario lo eleve a escritura pública. En ella se refleja la última comprobación de el estado registral de la casa que lleva a cabo el notario así como la verificación de las cargas que existen sobre el inmueble. Así como el justificante de pago del IBI, las obligaciones fiscales derivados de la transacción, la sujeción a las condiciones legales y deberes fiscales y el reparto de gastos de la compraventa.
Vender o comprar una vivienda puede suponer muchos más problemas de los que habíamos tenido en cuenta. Aunque suene muy negativo, la verdad es que muchos disgustos pueden eludirse. Por esta razón, es aconsejable contratar los servicios de un abogado para disfrutar de asesoramiento a lo largo de todo el proceso de compraventa de una casa. Ciertamente, recurrir a este tipo de asesoramiento conlleva un coste, pero también te resultará de mucha ayuda para ahorrarte muchos contratiempos y tener la posibilidad de reaccionar mejor a los mismos.
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El administrador de fincas es una figura muy importante dentro de las comunidades de propietarios, ya que se encarga de llevar a cabo una gran cantidad de trámites económicos y jurídicos y de estar a disposición de los comuneros ante cualquier problema o duda que pueda surgir. Es el que lleva todos los asuntos y gestiones destinadas a velar y a potenciar los intereses de la comunidad.
Cómo reclamar al banco los gastos de formalización de hipoteca: cuando se solicita un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, se generan dos tipos de gastos de formalización: los de compraventa y los gastos de constitución del préstamo hipotecario. Según el Tribunal Supremo y la Justicia Europea, los primeros deben ser cubiertos por la entidad bancaria. En el año 2013, el Tribunal Supremo dio la voz de alarma en este sentido y desde entonces se han ido configurando toda una serie de sentencias que han determinado que estos gastos tienen que repartirse entre la entidad y el cliente.
Tal como se establece en el art. 9.1.e de La Ley de Propiedad Horizontal “es obligación del propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptible de individualización”.
Las obligaciones del arrendador y del arrendatario. En la realidad jurídica actual, es muy frecuente que se produzcan problemas en los arrendamientos y discusiones sobre a quién le incumbe reparar un determinado desperfecto.
