Extinción de condominio impuestos Madrid

Extinción de condominio impuestos Madrid: características de nuestra asesoría legal y jurídica

Es recomendable planear una estrategia adecuada: admitir que la copropiedad se deberá separar cuando uno de los copropietarios lo exija, evaluar la finca objetivamente y plantear la venta. Además, se recomienda que todo acuerdo verbal sea puesto por escrito en un contrato de extinción de condominio con obligación de venta, dejando firmado el valor y estableciendo quién se hará responsable de los costes hasta la venta.

Si existe acuerdo entre los comuneros, se puede otorgar el inmueble a uno de ellos a cambio de que pague el valor fijado por la cuota que poseía cada copropietario.

Si no se recibe respuesta o esta es la negativa a vender o que se sugiera un valor de venta más bajo, la única solución que podremos tomar es la judicial. Presentaremos la demanda en los juzgados ejerciendo la actuación de separación del inmueble para la extinción del condominio.

Eso sí, ten en cuenta que si los copropietarios no llegan a un acuerdo, el juez tiene la capacidad de disponer la salida de la finca a subasta para el posterior reparto entre los interesados. El problema es que si hay una deuda hipotecaria y no se logra liquidar con el valor de la subasta, se podrá embargar el patrimonio personal de los deudores o cualquier otro bien que pueda adquirir en el futuro.

Con lo cual, lo que debe primar ante todo es el sentido común. Tanto es así que la persona que es reticente a vender sin ningún segmentación del inmueble por un plazo concreto de menos de 10 años, que puede prorrogarse una vez transcurrido este tiempo.

Pongamos por ejemplo una pareja casada que ha comprado una vivienda en común. La propiedad pertenece a ambos y lo habitual es que la compartan al 50%, aunque no se define si el baño o la cocina es de uno u otro. Todo es de los dos al 50%. Y del mismo modo sucede con los hermanos que heredan la casa de sus progenitores.

La cuestión es que, por diferentes motivos, los comuneros pueden tomar la decisión de romper el condominio. Un procedimiento que puede llevarse a cabo ante notario cuando existe un pacto entre todas las partes y por vía judicial cuando hay oposición. La extinción del condominio se da cuando el derecho de posesión deja de practicarse de forma conjunta, ya sea porque las cuotas pasan a titularidad de un único comunero o porque el inmueble común deja de existir.

Casos de herencias, matrimonios y divorcios:

Aunque, actualmente, lo más habitual es que se haga por cuestiones de herencias y por procesos de separación y divorcio, hay otras circunstancias en las que se puede fragmentar el condominio. Por ejemplo, por renuncia de todos los comuneros, por la adquisición de un tercero, por expropiación forzosa, por la destrucción del inmueble o por la fragmentación del mismo.

Cuando se procede a la extinción del inmueble, se transmite la titularidad de la propiedad de la cuota que se tiene sobre el inmueble común, pero para que también se transfiera la condición de deudor del préstamo hipotecario, el banco tiene que dar su consentimiento. De lo contrario, el anterior propietario continuará siendo el titular de la deuda. Esto quiere decir que si un matrimonio se divorcia, la entidad bancaria tiene que consentir el cambio para que solo el que adquiere la propiedad integra sea considerado como titular de la deuda ante la entidad bancaria, en lugar de los dos.

Sin embargo, esta gestión está resultando bastante compleja en la actualidad, ya que para un banco un segundo titular obviamente es un respaldo, incluso si no cuenta con ingresos fijos u otras posesiones. En estos casos, lo que suele hacerse es añadir a otro titular o sustituirlo por avalistas con recursos.

Irpf y otros impuestos:

En cuanto a los impuestos, debes saber que la partición del inmueble es una vía mucho más económica en comparación con otras gestiones de adquisición y transmisión de inmuebles como la compraventa. Y es que únicamente se tributa por el Impuesto de Transmisiones de y Actos Jurídicos (ITyAJD), que oscila entre el 0,5% y 1% según la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, si el precio adjudicado no se corresponde con el valor de la propiedad, se considera como una ganancia patrimonial, por lo que se deberá abonar la diferencia en la declaración de la Renta.