Escritura de extinción de condominio gastos

Escritura de extinción de condominio gastos: características de nuestra asesoría legal y jurídica

Es aconsejable desarrollar una estrategia adecuada: reconocer que el condominio se tendrá que disolver cuando uno de los copropietarios lo requiera, valorar el inmueble con rigor y formular la venta. Además, es aconsejable que cualquier acuerdo verbal se ponga por escrito en un contrato de extinción de condominio con pacto de venta, dejando aprobado el valor y estableciendo quién se hará responsable de los costes hasta que se venda.

Si hay un pacto entre los comuneros, es posible adjudicar el inmueble a uno de ellos si paga el precio correspondiente por el porcentaje que poseía cada comunero.

Si no se obtiene respuesta o la contestación es la negativa a vender o que se proponga un precio de venta más bajo, la única solución que tendremos es la judicial. Presentaremos la demanda ante los juzgados ejerciendo la acción de segmentación del inmueble para la extinción de la copropiedad.

Eso sí, ten en cuenta que si los copropietarios no llegan a un acuerdo, el juez tiene la capacidad de disponer la salida de la finca a subasta para el posterior reparto entre los interesados. El problema es que si existe una deuda hipotecaria y no se consigue saldar con el precio de la subasta, se podrá embargar el capital personal de los deudores o cualquier otra propiedad que pueda comprar en el futuro.

Por esta razón, lo más importante es el sentido común. Tanto es así que la persona que se niega a vender sin ningún segmentación del inmueble por un tiempo específico inferior a 10 años, que puede extenderse una vez pasado este tiempo.

Pongamos por ejemplo un matrimonio que ha comprado una vivienda en común. La propiedad es de ambos y lo normal es que la compartan al 50%, aunque no se demarca si el baño o la cocina es de uno u otro. Todo es de ambos al 50%. Y del mismo modo ocurre con los hermanos que heredan la casa de sus progenitores.

El tema es que, por diversos motivos, los comuneros pueden decidir de romper la copropiedad. Un procedimiento que puede llevarse a cabo por vía notarial cuando hay un acuerdo entre todos los copropietarios y por vía judicial cuando existe reticencia. La división del condominio se da cuando el derecho de propiedad deja de ejercerse de manera conjunta, ya sea porque los coeficientes pasan a titularidad de un único propietario o porque la finca común desaparece.

Casos de herencias, matrimonios y divorcios:

Aunque, a día de hoy, lo más habitual es que suela hacerse por cuestiones de herencias y por procesos de separación y divorcio, hay otras situaciones en las que es posible separar el condominio. Por ejemplo, por renuncia de todos los copropietarios, por la adquisición de un tercero, por expropiación forzosa, por la demolición de la finca o por la fragmentación del mismo.

Cuando se procede a la extinción de la finca, se transfiere la titularidad de la propiedad de la cuota que se posee sobre el inmueble común, pero para que también se transfiera la situación de deudor del préstamo hipotecario, el banco tiene que dar su consentimiento. De lo contrario, el antiguo propietario seguirá siendo el titular de la deuda. Esto significa que si un matrimonio se divorcia, la entidad bancaria debe consentir el cambio para que únicamente el que adquiere la propiedad integra sea considerado como deudor ante la entidad bancaria, en vez de ambos.

No obstante, esta gestión está resultando bastante compleja en la actualidad, ya que para la entidad un segundo titular es siempre un respaldo, incluso si no cuenta con ingresos estables u otras posesiones. En estas situaciones, lo que se hace normalmente es incluir a otro titular o sustituirlo por avalistas solventes.

Irpf y otros impuestos:

En lo que respecta a los impuestos, tienes que saber que la extinción del condominio es una vía mucho más económica comparándola con otros procesos de compra y traspaso de inmuebles como la compraventa. Y es que solamente se tributa por el Impuesto de Transmisiones de y Actos Jurídicos (ITyAJD), que oscila entre el 0,5% y 1% según la Comunidad Autónoma. Pero independientemente de ello, si el precio fijado no se corresponde con el valor del inmueble, se entiende como una ganancia patrimonial, por lo que habrá que abonar la diferencia en el IRPF.