Dónde se impugna un acta de reunión de vecinos: el art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal contempla que los dueños de las viviendas y locales pueden reclamar en la junta de propietarios en aquellas ocasiones en las que no están satisfechos con alguna cuestión que se haya pactado y llevar a cabo la impugnación de los acuerdos o actas de la comunidad de vecinos teniendo en cuenta tres fundamentos existentes: cuando contradigan la ley o a los estatutos de la comunidad, cuando resulten perjudiciales para los intereses de la comunidad a favor de uno o varios vecinos y cuando dañen a algún propietario que no tenga el deber legal de soportarlo o que se hayan acordado con abuso de derecho.
Por otra parte, si en el momento de convocar o, en su caso, organizar la Junta de Propietarios, la Comunidad ha podido infringir lo dispuesto en la LPH (remisión de la convocatoria en el plazo legalmente estipulado, llamamiento a todos los propietarios, celebración en tiempo y forma), puede que tenga que solicitarse la nulidad de la Junta en su totalidad. Con el propósito de que un Juez, en caso de valorarlo oportuno, proclame inválida la polémica Junta de Propietarios; esto es, como si nunca se hubiese llevado a cabo.
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Pudiendo hacerlo aquellos que, por cualquier causa, no hayan podido asistir a la junta, aquellos que se hayan abstenido en la junta o aquellos que hayan sido desposeídos de la posibilidad de voto de forma ilegal, siempre que estén al al corriente de pago. Todos ellos cuentan con un periodo de tres meses, a menos que sean actos que contradigan la ley o a los estatutos, en cuyo caso el plazo es de un año. Si ningún vecino impugna los acuerdos en estos, el acuerdo quedará corroborado.
Si alguna vez te ha sido imposible asistir a una reunión y te has enterado de los pactos por medio de la información publicada en el tablón de anuncios o por el duplicado del acta depositada en tu buzón, es posible que se hayan tomado decisiones que te incumben y con las que no estás contento.
El procedimiento adecuado para la impugnación de acuerdos o actas de una comunidad de vecinos es a través de juicio ordinario siempre que la reclamación no esté relacionada sólo con reclamaciones de dinero, en cuyo caso deberá tramitarse a través del proceso que sea oportuno. Se deberá interponer un escrito en el juzgado de primera instancia que competa. Para lo cual es necesario un abogado y un procurador. Se formulará la denuncia en juicio declarativo ordinario, señalando el día de la convocatoria de la junta de vecinos, describiendo los sucesos y aportando evidencias de que se es vecino de la comunidad a través de una copia de la nota simple de registro. Todo ello deberá ir firmado por el abogado y por el procurador.
Las comunidades de propietarios suelen plantear problemas de funcionamiento relacionados con disputas de intereses entre los diferentes vecinos. Problemas que pueden estar vinculados a la aplicación o interpretación de lo que hay reflejado en la LPH, como la decisión de soportar una derrama, dudas sobre los estatutos, la ejecución de reparaciones o retauraciones en el edificios, la distribución de los presupuestos, el requerimiento de un procedimiento monitorio, las diferencias de pautas en la lista de las cuentas anuales, las modificaciones en la administración y un largo etcétera.
Podemos atender cualquier controversia que tenga que ver con disputas entre los propietarios de un edificio. Tanto si eres tú el que quiere realizar la impugnación de los acuerdos y actas de la comunidad de vecinos como si eres parte demandada y encargamos de todo para que puedas quedarte tranquilo y ahorrarte mucho tiempo en trámites. De este modo, podrás resolver el problema lo antes posible e impedir que se dilate en el tiempo, creando tensiones y mal ambiente entre los comuneros.
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El art. 1544 del Código Civil establece que "en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto". Así pues, es obligación del contratista la obtención de un resultado perfecto, sin defectos de ejecución, en los plazos y condiciones fijados. Si se incumplen estas obligaciones, el comitente tendrá derecho a ser resarcido de los perjuicios, tal como se establece en los arts. 1100 y 1101 del Código Civil, comprendiendo tanto el daño efectivo como el lucro cesante. Pudiendo la parte perjudicada elegir entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. Pero si el cumplimiento fuera imposible, también podrá pedir la resolución incluso después de haber escogido el cumplimiento.
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