¿Sabías que los fraudes inmobiliarios llevan años estando en la lista de las 10 primeras causas de quejas recibidas por la OCU? En el desarrollo de las distintas actividades que pueden llevar a cabo las agencias inmobiliarias, en algunos casos pueden surgir problemas como firmas de compromisos no siempre tan claros, conflictos sobre el cobro de comisiones y desconocimiento de algunas prácticas. Cuando hablamos de las reclamaciones de los productos que adquirimos a diarios normalmente son sencillas, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de cuestiones inmobiliarias.
Aunque la compra o el alquiler de una vivienda suele ser el mayor gasto que debemos afrontar cada mes, todavía existe un gran desconocimiento sobre cuáles son los procedimientos para denunciar a una inmobiliaria si, por ejemplo, el piso alquilado no se corresponde con lo pactado en el contrato o si nos han engañado en algún aspecto que consideramos importante.
Una denuncia es una petición del consumidor a través de la cual busca poner en conocimiento de la Administración unos hechos o circunstancias que pueden ser motivo de infracción, para que se investigue y se actúe para corregir la conducta infractora y defender los intereses generales de los consumidores o la atención prestada al consumidor.
En estos casos, la denuncia debe enviarse al servicio público de consumo del municipio donde se encuentra ubicada la agencia o donde se hayan producido los hechos, acompañándola de la documentación y pruebas que sean necesarias. Si se derivan indicios de infracción, se iniciará un procedimiento establecido en el Código de Consumo.
No obstante, si el agente fuera colegiado API, podrás enviarla también al colegio profesional. Si se derivan indicios de infracción, se activará el procedimiento previsto según la normativa de los colegios profesionales y en sus estatutos.
En cualquier caso, es fundamental que se envíe toda la documentación requerida. De lo contrario, una vez que hayan transcurridos 10 días se procederá a archivar la denuncia sin que haya indicio de infracción administrativa.
Las actuaciones poco transparentes a antes mencionadas tienen como víctimas a los propietarios pero también las hay que perjudican a los compradores de viviendas.
La normativa de consumo obliga a proporcionar al consumidor una información suficiente, veraz y objetiva, lo que combinado con las exigencias de publicidad que realizan la agencias inmobiliarias. Algunas agencias pretenden cobrar una comisión de la que no se informa en el anuncio del inmueble. Por eso, si no estuvieran incluidas en el anuncio debería expresarlo claramente antes de firmar ningún contrato. Ya sea el importe total de estos honorarios o el porcentaje sobre el precio total de la operación.
Algunos propietarios que ponen su vivienda a la venta en Internet se han encontrado con que la propiedad de anuncia en otras webs o en el escaparate de una agencia inmobiliaria sin haber dado permiso para ello. Incluso que han usado las imágenes de la vivienda que ellos han hecho. Para que sea legal, el propietario debe firmar un documento denominado comúnmente encargo de venta, que autorice a la agencia. Este tipo de conductas son completamente irregulares, por lo que el propietario puede denunciar a la agencia e, incluso, negarse a pagar cualquier tipo de comisión aunque la agencia venda el inmueble.
Otra de las infracciones más habituales que cometen algunas agencias inmobiliarias es pedir dinero por adelantado para realizar las primeras inversiones en la comercialización de una vivienda. Y es que el coste de publicitar la vivienda debe estar incluido en los honorarios de la agencia.
También puede ocurrir que la agencia modifique el coste de su comisión. Desde el inicio de la operación deben quedar claramente establecidos los honorarios del intermediario y una vez alcanzado el acuerdo no puede producirse un aumento en el precio de los honorarios pactados.
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