Contrato de arras alquiler de vivienda: Nueva normativa de marzo de 2019

Contrato de arras alquiler de vivienda: Nueva normativa de marzo de 2019

La nueva ley que entró en vigor el pasado 5 de marzo de 2019 ha cambiado en parte la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Desde esta fecha, todos los contratos de arras de alquiler de vivienda que se firmen tienen que basarse en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) llevada a cabo por el Gobierno del PSOE mediante el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo. A continuación recopilamos cuáles han sido los principales cambios que se han producido en la normativa.

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Contrato de arras alquiler de vivienda: principales cambios

• Ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y de la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas si el propietario o el inquilino no manifiestan su voluntad de no renovarlo. En el caso de que el propietario sea persona jurídica el contrato será obligatorio por siete años y tres años de tácita.
• Si el propietario y el inquilino llegan a un acuerdo, es posible llevar a cabo obras de renovación o mejora en la vivienda sin necesidad de firmar un nuevo contrato y sin esperar, como hasta ahora, a que finalice.
• Las garantías adicionales a la fianza se limitarán a dos mensualidades, a menos que se trate de contratos de larga duración, lo que limita la carga económica que genera al inquilino la firma de un nuevo contrato, mediante depósito bancario o aval que se suma a la cuantía de la fianza.
• Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de arrendamiento correrán por cuenta del propietario siempre que se trate de una persona jurídica. Salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido directamente por iniciativa del inquilino.
• La potestad de recuperación de la vivienda por el propietario para resolver el contrato antes de su finalización tiene que quedar reflejada de manera expresa en el contrato. Aunque solamente puede hacerse en aquellos casos en los que la vivienda se necesite para sí, para sus hijos o para su cónyuge en el caso de que las circunstancias familiares cambien.
• El aumento de la renta anual queda vinculado al IPC durante el periodo de duración del contrato.
• El comprador de una vivienda de alquiler debe respetar en todo momento el contrato vigente, incluso aunque no se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad.
• Para poder resolver el contrato, cuando llegue la fecha de vencimiento del mismo o de cualquiera de las prórrogas, y una vez que hayan pasado cinco años como mínimo, para personas físicas, y siete años para personas jurídicas, el propietario tiene la obligación de hacer saber al inquilino al menos con cuatro meses de antelación que tiene la voluntad de renovarlo. Pero si es el inquilino el que desea marcharse, tiene que comunicarlo con dos meses de antelación como mínimo.En caso contrario, el contrato será prorrogado de manera obligatoria por un año más. Así hasta que hayan transcurrido tres años. A menos que el inquilino avise con un mes de antelación a la fecha de resolución del contrato de cualquiera de las anualidades, la voluntad de no renovarlo.
• Mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el decreto ley también cambia el procedimiento de desahucio de vivienda, mejorando la coordinación entre los servicios sociales y los organismos judiciales competentes, facilitando así la adopción de medidas para atender los casos de familias con menos recursos, con mayores cargas familiares o en situación de vulnerabilidad social. Para ello, se fijan unos plazos y trámites que proporcionan mayor seguridad jurídica, tanto a los propietarios como a los inquilinos.