El contrato de compraventa de un inmueble es el documento en el que el poseedor de una casa se compromete a entregarlo al comprador como contraprestación a un monto establecido. Un pacto jurídico bilateral y convenido donde se necesitan las voluntades de las dos partes para que pueda tener lugar la operación y la entrega de la vivienda. No obstante, con la firma del contrato no se hace efectiva la entrega del inmueble, sino que lo que se hace es acordar que luego tendrá lugar la concesión del mismo. Tiene que ser concretado en escritura pública, tal como se establece en el art. 1280 del Código Civil y referir el inmueble en cuestión, el número de finca y el Registro en el que se encuentra inscrito. Pero también es aconsejable incluir otros datos para favorecer su identificación, como la referencia catastral o la descripción que refleja en el Registro. Y si la propiedad incluye plaza de parking o trastero, por ejemplo, se recomienda plasmarlo.
A continuación te damos algunos motivos por los que se recomienda recurrir a un abogado para la preparación y administración de contratos de compraventa:
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El contrato de compraventa es un acuerdo particular en el que se recogen los derechos y deberes tanto del vendedor como del comprador. Está compuesto por distintas estipulaciones y condiciones. Tienen que agregarse los datos tanto del propietario como del comprador, la confirmación del certificación de la posesión, las especificaciones de la vivienda, el precio de la venta, la fecha de cesión, los impuestos y pagos y las penalizaciones.
Principales puntos: el contrato debe recoger una reseña minuciosa de la vivienda y sus anexos, sus metros útiles, su emplazamiento e información sobre las zonas comunitarias. Además, tienen que reflejarse la información registral de la casa y las posibles deudas que la pueden gravar, y la situación de los pagos de tributos y otros costes.
Precio y reparto de gastos: también tendrán que recogerse todas las condiciones de la operación, como el coste de la propiedad y la forma de pago, a quién afecta cada gasto de la compraventa o la fecha de cesión de las llaves. Así como el intervalo para hacer llegar la escritura pública, las cláusulas de subrogación de hipoteca si si la hubiera y las penalizaciones que traería consigo si el acuerdo se quebrantara.
Escritura pública: a pesar de que el contrato de compraventa haya sido firmado, el comprador no es propietario legal hasta que el notario lo eleve a escritura pública. En esta se añade la última verificación de el estado registral de la propiedad que tramita el notario así como la verificación de las cargas que existen sobre el inmueble. Así como el certificado de pago del IBI, los deberes fiscales derivados de la compra, la sujeción a las disposiciones legales y deberes fiscales y el reparto de costes de la operación.
Vender o adquirir una propiedad puede suponer muchos más problemas de los previstos. Aunque pueda parecer muy pesimista, lo cierto es que muchos inconvenientes pueden evitarse. Por este motivo, es aconsejable contratar la asistencia de un abogado para obtener asesoramiento durante todo el proceso de compraventa de una propiedad. Realmente, contratar este tipo de servicios acarrea un gasto, pero también te será de gran ayuda para ahorrarte muchos imprevistos y tener la posibilidad de reaccionar mejor a ellos.
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¿Cómo reclamar la cláusula IRPH? ¿Sabías que la cláusula suelo IRPH aplicada en muchas hipotecas fue declarada ilegal en el año 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Debido a ello, muchas personas han podido reclamar el dinero que han pagado de más por haberse incluido esta cláusula en sus hipotecas.
¿Sabías que el alquiler es la primera causa de desahucio en España? Dos de cada tres de los procesos de desalojo que se producen en nuestro país está relacionado con el impago del alquiler. Por eso, es natural que muchos arrendadores tengan miedo de que el inquilino no quiera o no pueda irse pero no le pague la renta mensual.
El pasado 2 de mayo se publicó en el BOE la Orden SND/385/2020, por la cual se modifica la Orden anterior SND/340/2020, que suspendía ciertas actividades vinculadas a las obras de intervención en los edificios existentes, en las que había riesgo de contagio por el coronavirus con las personas no relacionadas con ellas. Desde el 4 de mayo se permite la realización de obras en viviendas, locales y zonas no habitadas de los edificios, en las que no accedan las personas que residan o trabajen en ellos. Además, se autoriza el acceso de a las redes del inmueble y a las instalaciones de manera puntual, con la finalidad de que se lleven a cabo las conexiones a las mismas. Por regla general, desde la perspectiva de la comunidad de propietarios se requiere que la empresa encargada de las obras notifique sus normas y plan de trabajo en función de lo recogido en el BOE, previamente a la realización o continuación de cualquier tipo de obra en un edificio habitado. Dichas normas tienen que ser comunicadas a los dueños de la vivienda para evitar contactos entre los residentes del inmueble y los operarios de las obras.
Según el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal, el propietario está obligado a contribuir a los gastos generales de la comunidad para el correcto mantenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. Esto quiere decir que, incluso aunque la vivienda esté alquilada, es el propietario el que […]
