Si has firmado un contrato de arras y has entregado una cantidad de dinero para la adquisición de una casa y el propietario no transfiere las llaves de del piso en el plazo acordado, no proporciona la escritura de compraventa o se niega a devolver el doble de la cantidad entregada tras incumplir el acuerdo, tienes que tener en cuenta que la normativa actual está de tu lado, pudiendo recurrir a los tribunales para solicitar la indemnización debido al incumplimiento del contrato o requerir que se cumpla lo que se firmó en el contrato de arras.
En estas cuestiones, es conveniente que busques un buen abogado experto en contrato de arras para que analice la situación. El abogado se encargará de mandar un burofax a la otra parte advirtiendo sobre el incumplimiento del contrato y exigiendo que se cumpla lo acordado. Si la parte incumplidora atiende la solicitud, el problema puede acabar de manera «amistosa» sin necesidad de llegar a los tribunales. Pero si no conseguimos llegar a una resoluci, se emprenderá la vía judicial mediante proceso monitorio en el que se solicitarán las cantidades debidas más el interés, pudiendo producirse las siguientes situaciones:
Si se producen el segundo y el tercer caso, se tendrá que interponer juicio de forma verbal u ordinaria en base a las cantidades que sean objeto de reclamación. Si el importe es superior a los 6.000 euros, tendrá que acudirse al proceso ordinario, como fijan los arts. 818.2 LEC y 249.2 LEC. Si la cantidad es más pequeña, el procedimiento será verbal. Debes saber que si no se sigue adelante, el juez puede atribuirnos las costas. Una vez que se ha dictado sentencia firme, si la parte incumplidora del contrato continúa sin atender pago, se llevará a cabo la ejecución, pudiendo proceder al embargo de lo que sea necesario.
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También conocido como contrato de señal, el contrato de arras es el que se celebra entre el comprador y el vendedor con la finalidad de garantizar una obligación de traspaso de un objeto, mueble o inmueble, mediante una cifra de dinero anteriormente establecida. Los que se utilizan normalmente para los contratos de compraventa de bienes inmuebles son los contratos de arras confirmatorias que, tal como señala el Tribunal Supremo, “son expresión de un contrato con fuerza vinculante que no faculta, por tanto, para resolver la obligación contraída, que normalmente corresponden con las entregas o anticipos «a cuenta del precio”.
Este tipo de contratos no deben confundirse con los contratos de reserva de compra, ya que son documentos diferentes. El contrato de reserva no deja de ser un contrato por el que tanto el comprador como el vendedor se comprometen a completar la venta en un momento establecido y por un precio concreto. Bastante habitual en las agencias inmobiliarias, pero que no obliga a la compraventa, sino que su finalidad es garantizar que una persona está dispuesto a comprar un inmueble específico. El contrato de reserva no es ni un contrato de compraventa ni un contrato de arras, sino que es un contrato irregular debido a su imprecisión y del que apenas existe jurisprudencia.
La diferencia es que en el contrato de arras, la parte compradora aporta una señal, garantizando de esta forma la penalización de la parte que incumpla el pacto. En el supuesto de que el comprador finalmente determine no continuar adelante con el procedimiento, no recuperará el dinero entregado. Si, en cambio, es el vendedor el que finalmente elige no seguir con la venta, tendrá que devolver al comprador la señal por duplicado. Esto significa que las arras actúan como una garantía que va unida al posterior contrato de compraventa, con el objetivo de evitar su quebrantamiento y garantizar la operación.
Cosa diferente es que, después de firmar el contrato de arras, una de las partes no sea capaz de cumplir con lo pactado y ambas acuerden una prórroga de contrato de arras. Esto significa que si la operación no puede concretarse antes de que llegue la fecha establecida en el contrato de arras, podemos ampliar la fecha límite de mutuo acuerdo.
Si requieres de un abogado experto en contrato de arras, no dudes en ponerte en contacto con nuestro bufete. Contamos con un gran equipo de profesionales especializados en estos asuntos con más de una década llevando este tipo de casos. Valoraremos tu situación de forma personalizada para defender tus intereses hasta el final con total seguridad. Ofreciendo consejo totalmente adaptado a ti desde el principio hasta el final, de manera que puedas estar lo más relajado posible.
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Según el art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, «es obligación del propietario contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el titulo o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización«. Así pues, el […]
La Ley de Propiedad Horizontal recoge la posibilidad de que los propietarios de una comunidad de vecinos puedan impugnar los acuerdos adoptados en Junta. Concretamente, en el art. 18 se contemplan aquellos casos en los que podemos acudir a los Tribunales de Justicia por este motivo: cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, cuando sean gravemente lesivos para los intereses de la comunidad a favor de uno o varios propietarios y cuando causen daños a un propietario que no está obligado por ley a soportarlo o que se haya incurrido en un abuso de derecho a la hora de aprobar el acuerdo.
El derecho al desistimiento del contrato de arrendamiento es la facultad que permite a quien posee tal derecho a extinguir el contrato sin necesidad de invocar causa alguna. Esto quiere decir que un inquilino puede rescindir el contrato de alquiler de la vivienda en la que reside antes de que venza el plazo pactado, tal […]
Nuestro cliente, una mercantil, había suscrito un contrato de arrendamiento sobre un local propiedad de otra empresa. La propietaria del local, incluso de manera previa a la formalización del contrato, autorizó a nuestra representada para la realización de las obras que se estimasen oportunas, para lograr la adaptación del mismo a la actividad que pretendía desarrollar. Sin embargo, una vez iniciadas las referidas obras por parte de nuestra cliente, la Comunidad de Propietarios donde se encontraba situado el local instó la inmediata paralización de las mismas. Por este motivo, y debido a la imposibilidad de adaptar el local a las necesidades de nuestra representada, ambas partes de mutuo acuerdo suscribieron un documento acordando la resolución anticipada del contrato de arrendamiento, renunciando la arrendadora a exigir cualquier tipo de penalización. En el mismo momento en el que se formalizó el mencionado documento, nuestra mandante puso el local arrendado a disposición de su propietaria, quien verificó el estado de este. En virtud del referido documento, de la Ley de Arrendamientos Urbanos y del propio contrato de arrendamiento, la parte arrendadora debía restituir a nuestra representada el importe entregado por ésta en concepto de fianza; más concretamente, 9.600 euros. Sin embargo, la propietaria, alegando que la arrendataria no había respetado el plazo mínimo de una anualidad estipulado en el contrato, incumplió su obligación de restituir la precitada cantidad.
