Si has firmado un contrato de arras y has dado una señal para la adquisición de un inmueble y el vendedor no transfiere las llaves de la vivienda en el plazo acordado, no traspasa la escritura de compraventa o no quiere devolver el doble de la señal tras incumplir el acuerdo, tienes que tener en cuenta que la normativa actual te ampara, pudiendo acudir a los tribunales para reivindicar la indemnización por el incumplimiento de alguna de las cláusulas o exigir que se cumpla lo que se firmó en el contrato de arras.
En estas cuestiones, es aconsejable que contactes con un buen abogado experto en contrato de arras para que analice el asunto. El abogado se encargará de enviar un burofax a la otra parte indicando el incumplimiento del contrato y exigiendo que se cumpla lo pactado. Si la parte vendedora atiende la solicitud, el problema puede terminar de forma «amistosa» sin necesidad de llegar a los tribunales. Pero si no consigue una resoluci, se iniciará la vía judicial mediante juicio monitorio en el que se reclamarán las cantidades debidas más el interés, pudiendo darse las siguientes situaciones:
Si se producen el segundo y el tercer caso, se deberá interponer juicio de forma verbal u ordinaria según las cantidades que se estén pidiendo. Si la cifra es superior a los 6.000 euros, tendrá que acudirse al proceso ordinario, como fijan los arts. 818.2 LEC y 249.2 LEC. Si la cantidad es menor, el juicio será verbal. Debes saber que si no se continúa adelante, el juez puede interponer las costas. Cuando se haya pronunciado sentencia firme, si la parte vendedora continúa sin responder al pago, se efectuará la ejecución, pudiendo proceder al embargo de lo que sea necesario.
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También conocido como contrato de señal, el contrato de arras es el que tiene lugar entre el comprador y el vendedor con el objetivo de garantizar una obligación de entrega de un objeto, mueble o inmueble, mediante una cantidad de dinero previamente pactada. Los que se utilizan normalmente para los contratos de compraventa de bienes inmuebles son los contratos de arras confirmatorias que, tal como señala el Tribunal Supremo, “son expresión de un contrato con fuerza vinculante que no faculta, por tanto, para resolver la obligación contraída, que normalmente corresponden con las entregas o anticipos «a cuenta del precio”.
Este tipo de contratos no deben confundirse con los contratos de reserva de compra, ya que son acuerdos diferentes. El contrato de reserva no deja de ser un contrato por el que tanto el comprador como el vendedor pactan realizar la venta en un plazo determinado y por un valor concreto. Muy frecuente en las agencias inmobiliarias, pero que no implica la compraventa, sino que su objetivo es garantizar que el comprador quiere adquirir un inmueble concreto. El contrato de reserva no es ni un contrato de compraventa ni un contrato de arras, sino que se trata de un contrato irregular debido a su imprecisión y del que apenas hay jurisprudencia.
La diferencia radica en que en el contrato de arras, la parte compradora aporta una cantidad, asegurando de esta forma la penalización de la parte que infrinja el pacto. En caso de que la parte compradora finalmente decida no continuar adelante con la operación, no recuperará el dinero entregado. Si, en cambio, es el vendedor el que finalmente elige no vender, tendrá que reintegrar al comprador la cantidad entregada multiplicada por dos. Esto quiere decir que las arras actúan como una garantía que va ligada al posterior contrato de compraventa, con el objetivo de evitar su quebrantamiento y garantizar la operación.
Cuestión distinta es que, tras firmar el contrato de arras, una de las partes no sea capaz de cumplir con lo acordado y ambas convengan prorrogar el contrato de arras. Esto quiere decir que si la operación no puede concretarse antes de que llegue la fecha pactada en el contrato de arras, podemos ampliar el plazo límite de mutuo acuerdo.
Si necesitas un abogado especializado en contrato de arras, no dudes en ponerte en contacto con nuestra empresa. Contamos con un magnífico equipo de profesionales expertos en el tema con más de 10 años ocupándonos este tipo de casos. Valoraremos tu situación de forma personalizada para defender tus intereses hasta el final con total seguridad. Ofreciendo un asesoramiento totalmente personalizado desde el principio hasta el final, de manera que puedas estar lo más tranquilo posible.
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En nuestro despacho son frecuentes los conflictos que se nos plantean entorno a la alteración de la convivencia vecinal. En estos casos la Ley de Propiedad Horizontal prevé la acción de cesación, que responde a la necesidad de regularizar determinadas actividades que se llevan a cabo en los elementos privativos de los comuneros, pero que superan los límites de la normalidad en el uso y la buena fe.
Procedimiento de desahucio de ocupas: Tras los últimos cambios legislativos, aquellos propietarios cuya vivienda haya sido ocupada pueden emprender diferentes procedimientos civiles para recuperar la posesión de su propiedad. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) recoge tres acciones de protección posesoria para poder recuperar la posesión frente a un okupa.
Prescripción de infracción urbanística . En el ámbito del derecho resulta esencial distinguir entre caducidad y prescripción. En concreto, en el contexto de la legalidad urbanística la distinción es esencial ya que aplicará uno u otro plazo, dependiendo de la situación jurídica ante la que nos encontremos. El TSJ Madrid en la reciente STSJ 372/2024, establece un cambio en la doctrina que venía aplicando la sala respecto a las obras efectuadas sin título habilitante, no visibles desde la vía pública, haciendo un examen de la necesidad o no de que se precise la aparición de signos externos que revelen su ejecución.
Renovación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. ¿Vives en un piso de alquiler y te estás preguntando si este tipo de contratos se renuevan automáticamente? Una duda que interesa tanto a los inquilinos como a los propietarios, ya que influye directamente en la continuidad del acuerdo de arrendamiento y las responsabilidades a las que están obligadas cada una de las partes.
