Gastos de hipoteca: cómo reclamar su devolución en España
Descubre cómo reclamar la devolución de gastos de hipoteca en España. Infórmate sobre quién puede hacerlo y los conceptos reclamables.
Si has suscrito un contrato de arras y has entregado una señal para la adquisición de un inmueble y el vendedor no entrega las llaves de la vivienda en el plazo pactado, no proporciona la escritura de compraventa o se niega a reembolsar el doble de la señal después de incumplir el contrato, debes saber que la legislación vigente está de tu lado, pudiendo recurrir a los juzgados para reivindicar la indemnización debido al incumplimiento de alguna de las cláusulas o exigir que se cumpla lo que se firmó en el contrato de arras.
En estas cuestiones, es aconsejable que busques un buen abogado especialista en contrato de arras para que analice el asunto. El abogado se encargará de mandar un burofax a la parte contraria indicando el incumplimiento del contrato y reivindicando que se cumpla lo pactado. Si la parte incumplidora responde a la reclamación, el problema puede terminar de manera «amistosa» sin que haya que llegar a juicio. Pero si no conseguimos llegar a un acuerdo, se iniciará la vía judicial mediante juicio monitorio en el que se exigirán las cantidades debidas sumado al interés, pudiendo darse las siguientes situaciones:
Si se dan el segundo y el tercer caso, se deberá interponer juicio de forma verbal u ordinaria en base a las cantidades que se estén pidiendo. Si el importe supera los 6.000 euros, tendrá que acudirse al juicio ordinario, como reflejan los arts. 818.2 LEC y 249.2 LEC. Si la cantidad es más pequeña, el juicio será verbal. Debes saber que si no se sigue adelante, el juez puede atribuirnos las costas. Una vez que se ha pronunciado sentencia firme, si la parte vendedora sigue sin atender pago, se llevará a cabo la ejecución, pudiendo embargar lo que sea necesario.





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También llamado contrato de señal, el contrato de arras es el que se celebra entre el comprador y el vendedor con la finalidad de asegurar una obligación de entrega de un objeto, mueble o inmueble, mediante una cantidad de dinero anteriormente establecida. Los que se usan generalmente para los contratos de compraventa de bienes inmuebles son los contratos de arras confirmatorias que, tal como señala el Tribunal Supremo, “son expresión de un contrato con fuerza vinculante que no faculta, por tanto, para resolver la obligación contraída, que normalmente corresponden con las entregas o anticipos «a cuenta del precio”.
Este tipo de contratos no deben ser confundidos con los contratos de reserva de compra, ya que son documentos diferentes. El contrato de reserva no deja de ser un contrato por el que tanto el comprador como el vendedor pactan realizar la venta en un momento determinado y por un precio específico. Muy habitual en las agencias inmobiliarias, pero que no obliga a la compraventa, sino que su objetivo es garantizar que el comprador quiere comprar un inmueble específico. El contrato de reserva no es ni un contrato de compraventa ni un contrato de arras, sino que se trata de un contrato irregular debido a su imprecisión y del que casi no hay jurisprudencia.
La diferencia es que en el contrato de arras, la parte compradora aporta una cantidad, asegurando de esta manera la penalización de la parte que infrinja el pacto. En caso de que el comprador finalmente decida no seguir adelante con la operación, no recuperará el importe aportado. Si, en cambio, es la parte vendedora la que finalmente elige no seguir con la venta, deberá reintegrar al comprador la señal multiplicada por dos. Esto quiere decir que las arras actúan como una garantía que va unida al posterior contrato de compraventa, con la finalidad de evitar su quebrantamiento y garantizar la transacción.
Cosa distinta es que, después de firmar el contrato de arras, una de las partes no pueda cumplir con lo pactado y ambas convengan prorrogar el contrato de arras. Esto significa que si la operación no puede formalizarse antes de que llegue la fecha establecida en el contrato de arras, podemos ampliar la fecha límite de mutuo acuerdo.
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